Gobierno Nacional exige a Eln que cumpla cese al fuego y levante paro armado en Chocó

El Gobierno nacional le exigió al Ejército de Liberación Nacional (Eln) la suspensión definitiva del paro armado decretado en el departamento de Choco.

Según denunció la oficina del Alto Comisionado para la Paz, continúan las muertes, los hostigamientos y la ráfaga de disparos por parte de este grupo armado a pesar del anuncio del cese de operaciones militares contra el Eln.

(Vea también: Cese al fuego con Eln “se ve improvisado”: exjefe negociador de Santos, duro con Petro)

“Con ocasión del anuncio por parte del Eln de la habilitación de un corredor humanitario temporal, una caravana de 20 lanchas con ayuda y atención de las personerías de la región intentó llegar a Chambacú y Noanamá (…). Al escuchar los disparos de un enfrentamiento armado, la caravana tuvo que detenerse y dar vuelta atrás sin poder completar la entrega de ayuda humanitaria que había sido planeada”, expresan.

El organismo detalla la grave situación que están sufriendo las comunidades afectadas por sus operaciones armadas en la región de los ríos Sipí y San Juan, donde “una lancha de la Alcaldía de Istmina que transportaba a los personeros de Istmina y Sipí, y ayudas para las comunidades fue detenida con un disparo de advertencia y requisada”.

Así mismo, recalcaron que el hecho de impedir acceso a ayuda humanitaria a los civiles afectados por los enfrentamientos es una violación del Derecho Internacional y que “profundiza las graves condiciones de exclusión y discriminación” de la región.

Reportes de las autoridades han informado que por este paro armado han afectado un aproximado de 9.000 personas de 52 comunidades de los municipios de Sipí, Nóvita, Istmina y Medio San Juan.

(Lea también: Revelan el jugoso sueldo que tendrá esposo de Irene Vélez por contrato del Gobierno)

Una comisión de la Procuraduría se desplaza a Chocó

Un grupo especial designado por la Procuraduría visitará Chocó para verificar las acciones que adelantan las autoridades nacionales y regionales frente a la situación de desplazamiento y confinamiento en los municipios de Sipí, Istmina y Nóvita a raíz del paro armado decretado por el Eln. Así mismo, se esperan definir acciones para salvaguardar la vida de las personas afectadas.

En ese contexto, la comisión extraordinaria está conformada por representantes de las delegadas de Asuntos Étnicos, Derechos Humanos, Infancia y Familia, Gobernanza Territorial y Seguimiento al Acuerdo de paz y se reunirá con representantes de las comunidades afectadas, personeros y Defensoría del Pueblo, para conocer en detalle las vulneraciones contra los Derechos Humanos que vienen sufriendo estas poblaciones, sus necesidades más urgentes de atención y las posibilidades que existen de llegar hasta los territorios.

“A partir del análisis de la información recaudada, la Procuraduría emitirá de manera inmediata, llamados y alertas para lograr atención urgente y efectiva por parte de las autoridades responsables, según la competencia de cada una de las dependencias que hacen parte de esta comisión”, señaló el Ministerio Público.