Gobierno De la Espriella anunció medida por señalamientos de Deicy Jiménez sobre Petro con contratos

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El pronunciamiento oficial responde a las revelaciones entregadas por la joven de 26 años, quien dijo que le prestó servicios íntimos en el Gobierno.

El Ministerio del Interior reaccionó frente a la controversia nacional desatada por los testimonios de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, quien denunció presuntos favores íntimos retribuidos con órdenes de prestación de servicios estatales durante la administración de Gustavo Petro.

La reacción ministerial se produjo este domingo 25 de octubre de 2026 en Bogotá tras difundirse la entrevista en la revista Semana, donde la mujer expuso supuestos abusos de poder y fiestas privadas.

Atendiendo una orden directa del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el ministro de Justicia y del Derecho y ministro del Interior encargado, Iván Cancino González, anunció medidas inmediatas de seguridad.

El alto funcionario comunicó la activación urgente de una ruta institucional articulada con la Unidad Nacional de Protección (UNP) “para salvaguardar su vida, seguridad e integridad” frente a posibles retaliaciones contra la testigo.

El comunicado oficial enfatizó con firmeza institucional que “la protección de la vida no admite dilaciones”, garantizando procedimientos oportunos, debida diligencia y máxima confidencialidad para preservar los derechos individuales de Jiménez.

De acuerdo con el documento gubernamental, “ninguna persona debe sentir temor por ejercer su actividad política, social o periodística, ni por expresar libremente su testimonio” en el marco de la democracia colombiana.

La sumatoria total de los contratos mencionados por Deicy Jiménez supera ampliamente los 130 millones de pesos, abarcando asignaciones en el legislativo y en entidades del poder ejecutivo nacional a lo largo de un lustro.

Sobre el tema, las autoridades del poder ejecutivo nacional remarcaron enfáticamente que “en Colombia, nadie debe ser silenciado mediante amenazas, intimidaciones o represalias”, respaldando la plena libertad de expresión de los ciudadanos denunciantes.

Ambas carteras ministeriales coordinarán esfuerzos con las autoridades competentes, recordando que la directriz presidencial demanda que “la vida se protege, los derechos se garantizan y las instituciones actúan” con estricto apego a la ley.

Las declaraciones de la testigo detallaron que conoció al dirigente político en Cali en 2019, iniciando un romance que derivó en la obtención de contratos mediante órdenes de prestación de servicios.

La mujer reveló que se trasladó a Bogotá y suscribió acuerdos laborales continuos durante cinco años en el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Jiménez afirmó que no toleraba el abuso de poder ni el uso de mujeres para fines particulares a cambio de asignaciones presupuestales, señalando que entre 30 y 40 jóvenes integraban ese esquema.

La denunciante aseguró además haber transportado sustancias psicoactivas solicitadas por Petro para supuestos encuentros en hoteles y viviendas particulares, conservando fotografías y pruebas documentales de tales hechos para respaldar su delicado testimonio público.

El respaldo brindado por el Ministerio del Interior busca prevenir agresiones contra la testigo mientras la Fiscalía General de la Nación evalúa formalmente el material probatorio aportado en las publicaciones periodísticas conocidas.

Analistas institucionales destacan la prontitud del pronunciamiento ministerial para brindar garantías de seguridad personal y evitar presiones indebidas que obstaculicen el esclarecimiento integral de los hechos denunciados en la capital del país.

El despliegue de este esquema de protección evidencia la gravedad del escándalo y reafirma el deber del Estado de resguardar a quienes acuden a los medios para visibilizar presuntas conductas punibles.

Las entidades de control continuarán con el rastreo documental de los contratos mencionados por la declarante para esclarecer las responsabilidades penales y disciplinarias que correspondan ante la justicia nacional e internacional.

El avance de estas indagaciones continuará bajo la lupa de las autoridades judiciales para determinar las responsabilidades penales y disciplinarias frente al presunto uso indebido de los recursos del erario.

Las declaraciones de Deicy Jiménez abren un nuevo capítulo debido a que para el caso expuso detalles que ahora la llevan a contar con la protección gubernamental.