"Destapamos la olla podrida": alerta por lo que hallaron en liquidación del Ministerio de Igualdad

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El liquidador John Milton Rodríguez anunció cambios en la estructura de la entidad y revisiones a contratos, nóminas y obligaciones pendientes.

La liquidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad abrió un nuevo capítulo luego de que el liquidador designado, John Milton Rodríguez, expusiera una serie de situaciones administrativas y financieras que, según sus declaraciones, ameritan la intervención de los organismos de control.

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Rodríguez aseguró que encontró una entidad con dificultades para cerrar sus cuentas y con compromisos económicos que todavía deben pasar por una revisión detallada. Entre los aspectos señalados aparece el estado de la información financiera, que tendría un retraso superior a tres meses al momento del cierre.

El funcionario también cuestionó que el Ministerio mantuviera cuatro viceministerios activos pese a encontrarse en proceso de desaparición. Desde su perspectiva, conservar una estructura de ese tamaño no tendría sentido mientras la entidad avanza hacia su liquidación.

“Destapamos la olla podrida del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, y lo que encontramos es indignante”, aseguró Rodríguez.

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Por esa razón, anunció cambios en la organización interna. Dos viceministerios serán declarados insubsistentes, mientras que en otros dos terminarán los encargos que estaban vigentes. La medida también alcanzará otros cargos que no sean indispensables para las labores propias del proceso liquidatorio.

Uno de los puntos que tendrá especial atención corresponde a las obligaciones acumuladas entre el 21 de junio y el 19 de agosto. De acuerdo con Rodríguez, cada compromiso será sometido a una revisión individual para establecer si cuenta con respaldo jurídico, contractual y laboral antes de autorizar cualquier pago.

La revisión no se limitará a las cuentas de la entidad. El liquidador anunció que asumirá el control del Fondo Igualdad y examinará las nóminas paralelas, los contratos y aquellos programas que, según la información entregada, podrían carecer de sustento suficiente.

Además, el proceso contempla la presentación de denuncias ante los organismos de control por posibles afectaciones al patrimonio público. Rodríguez sostuvo que algunas de las situaciones encontradas podrían constituir un detrimento patrimonial y, por ello, serán puestas en conocimiento de las autoridades competentes.

El objetivo financiero planteado por el liquidador también es de alto alcance: recuperar cerca de 200.000 millones de pesos mediante la revisión de compromisos, contratos y recursos asociados a la entidad.

Los anuncios ponen el foco sobre la etapa final de una cartera que nació durante el Gobierno de Gustavo Petro y que ahora enfrenta su desaparición institucional. Las conclusiones definitivas dependerán de las auditorías y de las verificaciones que adelanten las autoridades sobre cada una de las situaciones advertidas durante la liquidación.