Congresista que quiso suspender a Gustavo Petro fue denunciada por prevaricato

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El exministro Luis Felipe Henao llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, al considerar que Gloria Arizabaleta no tenía competencia para emitir esa orden.

La representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, quien la señala de presunto prevaricato por acción luego de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.

(Vea también: La táctica de Petro ante supuesta suspensión: acusó a Arizabaleta de pedirle “cosas” por favores)

La acción judicial llegó pocas horas después de que la congresista expidiera un auto en el que dispuso apartar temporalmente al mandatario hasta la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, dentro de una investigación por presunta participación en política.

Según Henao, la decisión desconoce el procedimiento previsto en la Constitución para los procesos contra un jefe de Estado. En la denuncia sostiene que la propia providencia reconoce la existencia de un trámite especial que involucra a la Cámara de Representantes y al Senado, pero aun así la congresista habría decidido aplicar directamente normas disciplinarias para suspender al presidente.

El exministro argumentó que Arizabaleta actuó por fuera de las competencias que le otorga su cargo. De acuerdo con el documento radicado ante la Corte Suprema, la congresista se apartó de las reglas constitucionales al decretar de manera individual una medida que afecta al jefe de Estado.

La denuncia sostiene que las decisiones relacionadas con una eventual suspensión presidencial deben seguir un procedimiento específico y no pueden quedar en manos de un solo investigador dentro de la Comisión.

Por qué la suspensión de Petro provocó cuestionamientos jurídicos

La decisión de Arizabaleta desató críticas de juristas, congresistas y funcionarios del Gobierno, quienes consideran que la medida carece de respaldo constitucional.

Diversas voces recordaron que la Comisión de Acusaciones cumple funciones de investigación y que una suspensión presidencial requiere actuaciones posteriores en otras instancias del Congreso. Incluso integrantes de la propia comisión aclararon que Petro continúa ejerciendo sus funciones y que la medida no entra en vigor de manera automática.

Horas después de la controversia, la representante emitió una adición al auto inicial y ordenó remitir el expediente a la plenaria de la Comisión de Acusaciones para que la actuación fuera estudiada por todos sus integrantes. También dispuso comunicar la decisión al presidente del Senado.

Qué sigue para Gloria Arizabaleta

La denuncia ahora deberá ser evaluada por la Corte Suprema, entidad competente para conocer procesos relacionados con congresistas.

Mientras avanza ese trámite, la discusión jurídica continúa centrada en si la presidenta de la Comisión de Acusaciones tenía facultades para adoptar una medida de ese alcance y si su actuación se ajustó a los procedimientos establecidos en la Constitución para investigar al presidente de la República.