Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral se quedan sin esquema de seguridad de la UNP

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La UNP retiró los esquemas de seguridad de Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral tras concluir que no existían riesgos suficientes para mantenerlos.

Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y el activista Beto Coral quedaron sin los esquemas de seguridad que les habían sido asignados durante la anterior administración.

La decisión fue tomada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), luego de revisar las condiciones de riesgo de cada uno y determinar que no existían motivos suficientes para mantener las medidas.

Fuentes del Gobierno Nacional señalaron que los esquemas representaban un costo cercano a $40 millones mensuales para el Estado.

La controversia había comenzado días atrás, cuando se conoció que Muñoz, cercana al expresidente Gustavo Petro y señalada por presuntas influencias indebidas en Aerocivil, había recibido protección antes de finalizar el gobierno anterior.

Según la información revelada, el esquema de Muñoz habría sido otorgado bajo el argumento de que pertenecía a un grupo político. Sin embargo, la joven sostuvo que la protección obedecía a amenazas que había recibido y que estas habían sido denunciadas ante la Fiscalía.

Tras las publicaciones sobre el caso, Muñoz aseguró públicamente que llevaba meses adelantando ante las autoridades un proceso relacionado con afectaciones a su seguridad. También afirmó que la Fiscalía había solicitado medidas de protección debido al riesgo que enfrentaba.

No obstante, El Tiempo confirmó que Muñoz sí presentó denuncias por amenazas, pero fuentes de la Fiscalía aclararon que la entidad no solicitó directamente que se le asignara un esquema de seguridad. Lo que hizo fue pedir que se evaluara su nivel de riesgo.

La revisión realizada posteriormente por la UNP concluyó que las condiciones existentes no justificaban la continuidad de la protección. La medida también cobijó a Guerrero y Coral, cuyos esquemas habían sido otorgados durante el gobierno Petro.

El retiro de estas medidas vuelve a poner bajo escrutinio la forma en que fueron asignados algunos esquemas de seguridad durante la administración anterior y el uso de recursos públicos para proteger a personas vinculadas políticamente con el petrismo.