Fiscalía habría omitido pruebas en presunto caso de infiltración de disidencias al DNI

Pese a que el ente acusador solicitó a la Corte Suprema investigar a uniformados como el general Juan Miguel Huertas, las pruebas las tenía hace más de un año.

La Fiscalía General de la Nación reveló que, pese a la gravedad del material incautado a la caravana de las disidencias de las Farc en Anorí (Antioquia), la información que mencionaba al brigadier general (r) del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera no estaba siendo investigada por la fiscal especializada responsable del caso durante los últimos 16 meses.

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La situación cambió este lunes 24 de noviembre, cuando una verificación realizada en Medellín (Antioquia) permitió establecer que en los equipos incautados había datos “de la mayor gravedad” que no venían “siendo objeto de las pesquisas”. El caso comenzó a moverse tras un reportaje de Noticias Caracol que reveló los presuntos nexos entre Huertas y las disidencias de alias “Calarcá”.

Ahora la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada para abrir nuevas líneas sobre una posible cooptación de agentes del Ejército, riesgos para la seguridad nacional, presunta financiación de campañas políticas y creación de empresas fachada al servicio de grupos armados.

¿Cuándo incautaron computadores de alias Calarcá?

La incautación contra Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, ocurrió el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia), cuando militares detuvieron una caravana en la que se movilizaban el propio jefe disidente; Erlinson Echavarría Escobar; Juan Antonio Agudelo Salazar; Diana Carolina Rey Rodríguez; María Alejandra Ojeda Londoño; Wenser Yosony Sábana Duque, alias “Oliver”; y Édgar de Jesús Ortega, alias “Firu”. Los vehículos eran custodiados por escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y además llevaban armas, dinero y un menor de edad.

Además, fueron incautados computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos. Todo el material quedó bajo cadena de custodia y fue entregado a la DIJIN, cuyos peritos emitieron cinco informes forenses, el último radicado el 26 de junio ante la fiscal de Medellín encargada del expediente. Por su parte, “Calarcá” fue dejado en libertad junto con la mayoría de los capturados, por un oficio emitido por la a fiscal general Camargo, que al ser “gestores de paz”, incluso en flagrancia, no podían ser detenidos.

Estos elementos ya permitieron judicializar a 28 integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc. Además, tres de las personas que iban en la caravana fueron procesadas: María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias “Oliver”, aceptaron cargos por porte ilegal de armas; y Édgar de Jesús Ortega, alias “Firu”, fue acusado por homicidio.

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La Fiscalía aclaró que ni el despacho de la fiscal Camargo, ni las direcciones superiores, incluida la Delegada contra la Criminalidad Organizada, recibieron, “durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia”.

Además de las nuevas investigaciones ordenadas por Camargo, la fiscal de Medellín “compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para que se indague la conducta del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los elementos incautados”, señaló la entidad.

Sobre el oficio que dejó en libertad a “Calarcá” y los otros disidentes, la Fiscalía recordó que está obligada a cumplir el artículo 5 de la Ley 2272, que suspende órdenes de captura a miembros representantes de grupos armados en diálogos de paz. La entidad también alertó “que los dispositivos recuperados, de donde se extrajo la información, han estado desde su incautación bajo la custodia de la DIJIN”. Esa divulgación pública, señaló la Fiscalía, vulnera el principio de reserva que rige el proceso penal.

Mientras la Fiscalía intenta explicar por qué los hallazgos no fueron investigados durante más de un año, otras instituciones activaron sus propias indagaciones. El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides, ya ordenó investigaciones internas.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un proceso disciplinario para identificar a los posibles implicados; y tanto la Procuraduría como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) abrieron indagaciones paralelas para verificar la eventual participación de funcionarios en la supuesta red que beneficiaría a las disidencias de alias “Calarcá”.