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Según dicha federación, no es apropiado proyectar un impacto fiscal inmediato en este proyecto, con el que se busca asignar una distribución justa de recursos.
En respuesta a las objeciones formuladas contra el Proyecto de Acto Legislativo 018 de 2024, la Federación Colombiana de Municipios destacó la necesidad de incrementar la participación de las entidades territoriales en los ingresos nacionales, en línea con los principios de la Constitución colombiana de 1991.
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Con esta iniciativa también se buscan redistribuir responsabilidades entre el gobierno central y las regiones, reconociendo las diferentes y particulares necesidades y capacidades institucionales que caracterizan a Colombia.
En esta línea, la Federación afirmó que, históricamente, las entidades territoriales han liderado los esfuerzos de ajuste fiscal. Pese a esto, se han desatado problemáticas que han traído consigo afectaciones estructurales, especialmente en los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta.
Por estas razones, y según se lee en el documento de la entidad, “es imperativo efectuar una reforma que devuelva la Constitución Política a su estado inicial del año 1991″, en la que se busca una asignación equitativa de los recursos.
En el oficio también se recalcó que muchas regiones del país dependen, en gran medida, del Sistema General de Participaciones (SGP) para financiar servicios y actividades fundamentales para sus municipios como educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
La aprobación de este proyecto, entonces, podría reducir las desigualdades regionales y dotar a los territorios de mayor autonomía financiera, considerando que la inversión social más significativa y la defensa de derechos ciudadanos se realizan principalmente desde los gobiernos locales.
El proyecto, según el comunicado de la misma federación, contempla un aumento escalonado en un periodo de 10 años, permitiendo que el gobierno central pueda realizar los ajustes necesarios sin “impactos fiscales inmediatos”.
“El objetivo fundamental de este proyecto es que haya una justa distribución de recursos, atendiendo las mayores necesidades de algunas regiones, reconociendo la diversidad en las capacidades institucionales y las diferentes realidades que enfrentan las regiones”, explica la Federación.
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