General Mario Montoya presionó para dar bajas: Fiscalía lo señala de 104 falsos positivos

El general en retiro Mario Montoya será imputado por las ejecuciones de 104 civiles presentados como guerrilleros abatidos en combate —los denominados falsos positivos— durante su tiempo al mando del Ejército Nacional (2006-2008), en el segundo periodo del gobierno de Álvaro Uribe.

Según el ente investigador estos asesinatos ocurrieron entre 2007 y 2008 y cinco de las víctimas eran menores de edad. “Todos los autores materiales fueron miembros activos del Ejército”, reveló el fiscal Francisco Barbosa, en Semana.

(Le puede interesar: ‘Falsos positivos’ se evitan educando soldados, algunos ni saben usar el baño: Montoya)

Montoya se sometió en 2018 a la Justicia Especial de Paz (JEP), que investiga los peores crímenes del conflicto y que ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus delitos y reparen a las víctimas. Su expediente no ha sido resuelto.

Según la JEP, más de 6.400 civiles fueron asesinados por miembros del Ejército durante el gobierno de Uribe; asegura que había una política de incentivos por un “body count” o conteo premiado de cuerpos.

Precisamente la Fiscalía aseguró, de acuerdo con El Tiempo, que el general retirado “no pedía, sino que exigía muertes en combate”, lo que ocasionó las 104 muertes de los falsos positivos.

Ante las quejas de varios militares, el Comando General de las Fuerzas Militares ordenó cambiar la política y privilegiar a los que lograran desmovilizaciones, en lugar de bajas, pero —dijo el ente acusador citado por el diario—, el uniformado “desobedeció” y siguió presionando para que se dieran “bajas”.

(Vea también: Calle de honor y otros “premios” que daban en batallón por cada baja en supuesto combate)

La imputación de la fiscalía busca “ayudar” al tribunal surgido de los acuerdos con la guerrilla Farc en 2016 a esclarecer estos crímenes, explicó Barbosa.

No obstante, desde la defensa de Montoya aseguran que el ente acusador no tiene competencia para investigar este caso, ya que está en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz.

“La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ya han determinado que los militares que se encuentran sometidos voluntariamente a la JEP tienen como única jurisdicción la JEP”, declaró en Noticias RCN el abogado de Montoya, Andrés Garzón.

Además, el general niega haber instigado estos crímenes y su representante legal sostiene que “en ningún momento existió una directiva o directriz al Ejército para hechos tan atroces”.