Investigan a exdirector de EPS por pérdida de $ 7.000 millones de pacientes con cáncer

Desde hace al menos cuatro años, el expresidente de la EPS Medimás, Néstor Orlando Arenas Fonseca, ha estado envuelto en una serie de procesos judiciales y fiscales por presunta corrupción dentro de la entidad prestadora de salud. Esta vez, la Fiscalía lo vinculó formalmente a una investigación penal por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento privado y peculado por apropiación.

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Según la investigación del ente que dirige Francisco Barbosa, Arenas Fonseca hizo parte de una serie de maniobras que terminaron en una desviación millonarias de recursos que debían ser invertidos para el tratamiento de pacientes con cáncer, patologías catastróficas del corazón y otros órganos, así como de enfermedades huérfanas. Los contratos en cuestión se firmaron en 2017 y su valor ascendió a más de $ 7.105 millones.

Para la Fiscalía, existes pruebas suficientes para señalar que el entonces presidente de Medimás habría entregado a dedo dos contratos para garantizar el suministro de medicamentos e insumos para pacientes de la EPS. Los negocios los recibió una empresa que estaba a nombre de la contratista Mercedes Barrera Botía que, según las pruebas, no tenía ninguna capacidad para atender a personas que padecían enfermedades tan graves como cáncer.

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La empresa de Barrera Botía no solo no tenían capacidad financiera, ni experiencia técnica, ni las pólizas de garantía, sino que se había creado solo 15 días antes de que Arenas Fonseca le entregara los dos contratos de manera directa. Para la Fiscalía, es claro que Medimás le entregó dos contratos millonarios a una empresa que no sabía nada de atender a pacientes que padecían enfermedades catastróficas, huérfanas y de alto costo.

“Sin tener presentes estas anomalías, la EPS entregó un anticipo por $ 263.000 millones a la citada empresa y presuntamente utilizó cerca de $ 7.105 millones en pagos de arriendos y varias actividades distintas a las que contractualmente fueron pactadas, a través de dos compañías de las que formaba parte el señor Olaya Forero, también integrante del consorcio propietario de Medimás”, agregó la Fiscalía.

Ninguna de las tres personas involucradas en este episodio de corrupción aceptaron los delitos que la Fiscalía les imputó: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento privado y peculado por apropiación. Ahora, los investigados deberán esperar el juicio en su contra y el resto de las pruebas que pueda recopilar el ente investigador para determinar si participaron del robo de $ 7.000 millones o si, por el contrario, logran probar su inocencia.