Por corrupción, tres exgobernadores serán investigados por la Procuraduría

Se trata de Alejandro Lyons, exmandatario de Córdoba; Juan Carlos Abadía Ocampo, de Valle del Cauca; y Sandra Paola Hurtado, de Quindío.

La indagación preliminar del Ministerio Público se une a los procesos que adelanta la Fiscalía por el escándalo en la Corte Suprema de Justicia, y busca establecer si los exfuncionarios entregaron dinero “con el fin de obtener como contraprestación beneficios ilegales en procesos judiciales adelantados en su contra”, como lo señaló el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno en sus declaraciones.

A los tres exgobernadores se les escuchará en versión libre en los próximos días para que presenten pruebas en su defensa.

Por otro lado, la Procuraduría anunció investigaciones por casos de corrupción en otras regiones del país.

Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora en Montería

El alcalde de Montería, Marcos Pineda García, y el exalcalde, Carlos Correa Escaf (periodo 2012-2015), enfrentan una investigación disciplinaria por “por presuntos actos de corrupción” relacionados con la remodelación de ese escenario deportivo.

La Procuraduría también investiga su posible responsabilidad en las irregularidades durante la celebración, ejecución y liquidación del contrato para la construcción del Estadio de Softball ‘José Gabriel Amín Manzur’, el de fútbol, y el de béisbol ‘18 de junio’.

Cambios en el uso del suelo en Cajicá

El excalde (2012–2015) Óscar Bejarano Navarrete, y los secretarios de Planeación de esa administración Germán Camilo Bello Zapata y Leonardo Higuera Espinosa, serán investigados disciplinariamente “por las presuntas modificaciones estructurales al Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), que al parecer habrían generado cambios sustanciales en el uso del suelo del municipio”.

La Procuraduría busca determinar “si existen irregularidades en la aprobación de licencias de urbanismo y construcción a proyectos que al parecer no contaban con la capacidad de prestación de servicios públicos, y con la delimitación y aprobación de planes parciales, que posiblemente no cumplían con la normatividad vigente establecida por la CAR”.

Llamado a audiencia a alcalde de El Rosal y cinco concejales

Hugo Arévalo Pulido, actual mandatario del municipio cundinamarqués, “presuntamente exigió a los dueños de un predio una casa por cada hectárea utilizada en su proyecto de vivienda; una fanegada de tierra por cada 10 utilizadas en el desarrollo de un proyecto inmobiliario y al parecer pidió dinero a una tercera persona, que había solicitado audiencia para expresar su inconformismo frente al Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)”.

Entre tanto, los concejales Milton Mauricio Chacón, Henry Bohórquez Fierro, Hernán Clavijo, Jairo Hernán Pardo y Luz Sabogal Rodríguez, “pudieron incurrir en falta disciplinaria al presuntamente exigir 1.200 millones de pesos para no modificar el Esquema del EOT del municipio, aprobado por la anterior administración a finales de diciembre de 2015”.