Bogotá
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Se trata de Karen Váquiro, esposa de Andrés Mayorquín, asesor de la jefe de gabinete María Paula Correa, destituido este martes al reventar el escándalo.
Blu Radio reveló este martes que se trata de al menos 24 contratos por 1.245 millones de pesos, “22 por contratación directa y 2 por Contratación de Régimen Especial”.
Estos comenzaron a ser firmados apenas tres meses después de que Mayorquín asumiera su cargo como asesor en la Consejería para Asuntos Políticos, pese a que antes de eso ella apenas certificaba una experiencia laboral de 20 meses en el Banco de Bogotá y 7 meses más en una empresa creada con su marido, según la emisora.
Blu también publicó el listado de contratos, en su mayoría firmados con el Gobierno Nacional, pero también con la Presidencia de la República, Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la Registraduría y la presidencia del Senado.
Y es que particularmente sobre el objeto de esos contratos, el medio señala que “las obligaciones e intereses laborales de la señora Váquiro orbitan alrededor del Congreso“, donde su esposo es “los ojos y los oídos de María Paula Correa”.
“Hay mucho más que un extraordinario salto de ingresos y contratos”, prosigue el medio, pues en muchos contratos “Váquiro debía velar por los intereses legislativos de varias entidades teniendo de pareja a la persona que quizás mejor conoce y maneja la telaraña política en el congreso“.
Sobre esto último, Blu indica que “hay un evidente conflicto de interés entre los trabajos de la pareja que jamás se registró” pues “en varios contratos parte de su tarea es brindar análisis y asesoría sobre los proyectos de ley relacionados con la entidad contratante”.
Por ejemplo, la mujer no podía haber suscrito al menos dos de los contratos por ser cónyuge del entonces funcionario del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Esto además de que declaró en falso no tener cónyuge o compañero permanente y “no tener actividades de carácter privado”, siendo representante legal de la empresa que tiene con Mayorquín.
Blu también subraya que Váquiro no era idónea para esos cargos, pero fue avalada por una gran cantidad de funcionarios:
“Decenas de personas avalaron la contratación de alguien que no cuenta con experiencia en el sector público para realizar una multiplicidad de tareas que escapan de su resorte profesional”, concluye.
El escándalo se conoció la mañana y hacia la noche el director del Dapre, Víctor Muñoz, informó que dio de baja a Mayorquín este mismo martes, pese a que, según él, ya estaba bajo investigación desde hace dos meses. Asimismo, aclaró que ni Correa ni otros funcionarios tenían conocimiento de tales contratos.
María Paula Correa también publicó su propio comunicado diciendo que las funciones de Mayorquín se basaban en el “seguimiento de proyectos de ley de iniciativa gubernamental, así como relacionamiento entre Presidencia y demás entidades del Gobierno en asuntos legislativos”, pidiendo que él y su esposa den las explicaciones pertinentes.
Sobre los contratos, la funcionaria fue enfática:
“Me permito informar que no tenía conocimiento sobre ninguno de ellos y en ningún momento me pidió interceder ante ninguna entidad para contrato alguno”, señaló.
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