Otro escándalo salpica a Petro: consulado que anunció y nunca abrió dejó millonarias deudas

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El consulado de Colombia en Tijuana nunca abrió, pero gastó cerca de $500 millones en salarios y dejó deudas por el alquiler de una sede que jamás se utilizó.

El consulado de Colombia en Tijuana, México, creado en noviembre de 2024 durante el gobierno de Gustavo Petro, se convirtió en un caso de presunto despilfarro de recursos públicos.

Según una investigación de Caracol Radio, la oficina nunca abrió sus puertas ni prestó servicios a los colombianos, pero generó gastos cercanos a los $500 millones y dejó deudas por el alquiler de una sede que nunca fue utilizada.

La dependencia fue creada mediante el Decreto 1405 de 2024, firmado por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo. Sin embargo, casi dos años después, seguía sin funcionar. A pesar de ello, Maryory Ecinedth Pabón Gavilán fue nombrada cónsul en enero de 2026 por la entonces canciller Rosa Villavicencio y recibió un salario mensual de 14.700 dólares, equivalentes a cerca de $47 millones, entre el 20 de enero y el 30 de octubre.

En total, sus pagos superaron los 153.000 dólares, unos $483 millones. También recibió 20.338 dólares por concepto de viáticos y transporte de menaje doméstico.

A estos gastos se suma una deuda por el arrendamiento de la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, en la Zona Dorada de Tijuana. La Embajada de Colombia en México conoció formalmente el requerimiento de pago el 30 de septiembre y posteriormente verificó que existía un contrato de alquiler sin asignación presupuestal para cubrirlo.

También habría obligaciones pendientes con empresas encargadas de la adecuación del inmueble y del diseño de la imagen institucional.

El nombramiento de Pabón también genera cuestionamientos porque anteriormente había sido designada cónsul en Calgary, Canadá, pero su nombramiento fue anulado en abril de 2025 por no respetar la disponibilidad de funcionarios de carrera diplomática.

Ante las irregularidades encontradas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Omar Bula, puso el caso en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría el 27 de agosto.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió cancelar el proyecto y ahora deberá establecer cuánto dinero adicional tendrá que pagar el Estado por las obligaciones pendientes de una sede que nunca entró en funcionamiento.