EPS le ganó batalla legal a Petro: decisión de Corte Constitucional tumbó su intervención

La Corte Constitucional de Colombia, en un histórico fallo, ha declarado la nulidad de la intervención implementada por el Gobierno de Gustavo Petro sobre la EPS Sanitas y sus bienes desde abril de 2024

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Esa medida que fue categorizada por el Ejecutivo como una solución ante la “insuficiencia patrimonial” para prestar los servicios de salud que se exigían. Según se desprende de la resolución emitida por la corte, la mencionada intervención fue anulada por violentar los derechos del debido proceso de Sanitas, incluyendo sus clínicas y la empresa Keralty S.A.S., según informó Caracol Radio.

La corte consideró que la Superintendencia de Salud (Supersalud), ente a través del cual el gobierno tramitó la intervención, que fue prorrogada por otro año en 2025, no tuvo en cuenta los lineamientos y las órdenes que desde el alto tribunal se habían emitido con anterioridad al ejecutivo, referente al seguimiento de la situación del sistema de salud.

Lo anterior contemplaba aspectos claves como la actualización del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que debe ser pagada a los prestadores de servicios, en adición al reconocimiento de presupuestos máximos y la puntualización y actualización de cifras del sistema.

Como señaló El Tiempo, la decisión de la corte se resolvió por mayoría, sin embargo, existió un voto salvado del magistrado Vladimir Fernández Andrade, quien apeló por la postura de mantener la intervención.

Fernández Andrade, exsecretario jurídico del presidente Gustavo Petro, mostró su desacuerdo con la voluntad mayoritaria de la Sala Plena, dejando al descubierto la división existente en el alto tribunal respecto al manejo del caso según indicó Infobae.

Finaliza la intervención a EPS Sanitas por fallo judicial

Ahora, Sanitas, una de las principales EPS del país, quedaba libre y retoma la autonomía para continuar con sus operaciones. Como informó el medio colombiano Blu Radio, esta medida tuvo un impacto masivo en los usuarios de salud, quienes enfrentaron un periodo prolongado de incertidumbre sobre la prestación de servicios y el manejo de los recursos.

Con este fallo, la Corte Constitucional busca garantizar el cumplimiento riguroso de las garantías constitucionales de las entidades intervenidas y asegurar que las decisiones del gobierno en el sector salud tomen en cuenta los procedimientos legales, técnicos y administrativos correctos.

Finalmente, la decisión deja en claro una postura firme de proteger los derechos de las EPS y asegurar la correcta prestación de servicios de salud a los colombianos.