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Keralty, grupo propietario de la EPS Sanitas, emitió una contundente carta en la que pide al Gobierno reparaciones tras la intervención que duró varios meses.
El presidente de Keralty, Joseba Grajales, destacó en la misiva que el reciente fallo de la Corte Constitucional, que declaró ilegal la intervención a EPS Sanitas, constituye un punto de inflexión para el sistema de salud en Colombia.
Según afirmó, la medida restituye derechos vulnerados y evidencia el carácter arbitrario de una intervención que calificó de injusta y producto de una persecución institucional.
Grajales señaló que durante los 17 meses de intervención se generaron graves afectaciones: pacientes sin atención, escasez de medicamentos, redes colapsadas y un deterioro profundo del sistema.
Keralty exigió el cumplimiento inmediato e integral del fallo, considerándolo un imperativo legal y moral.
Asimismo, solicitó al Gobierno reparación a la red de atención, al personal médico y a los millones de usuarios afectados, así como el pago de deudas pendientes a las EPS para garantizar la estabilidad financiera.
La empresa también pidió frenar la desinformación y establecer garantías para que hechos similares no se repitan.
Grajales recalcó que no buscan venganza, sino justicia, y que quienes promovieron o respaldaron la intervención deben rendir cuentas.
Finalmente, aseguró que inicia una etapa de reconstrucción de Sanitas, con el compromiso de trabajar junto a usuarios y trabajadores para restablecer los servicios y recuperar la confianza, en defensa de un sistema de salud digno, justo y humano.
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