Metro de Bogotá quedaría adjudicado en octubre, pero en el Concejo lo ven desfinanciado

Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro, desestima las advertencias del concejal Hollman Morris, que asegura que las vigencias futuras caducaron en 2017.

En una corta charla publicada por la revista Semana, Escobar espera que las demandas del partido Polo Democrático contra el proyecto ni siquiera sean admitidas.

Aún así, espera que los alcances de estas se limiten a demorar la adjudicación, las obras y la entrada en servicio del metro. Y es que, en su opinión, ese panorama no sería tan catastrófico como el hecho de que el metro quedara de nuevo truncado.

No obstante, ese es el panorama que ve Morris, que en el transcurso de la semana señaló que la obra no cumplió con los requisitos contemplados por la ley orgánica 819 de 2003, en su artículo 12. El primero de estos es que se apropie el 15 por ciento del monto en la vigencia en que se aprueba, es decir en 2017.

Ya que esto no sucedió al 31 de diciembre de ese año, el cabildante y candidato a la alcaldía cita el decreto 568 de 1996 en su artículo 7 para asegurar que el proyecto carece de financiación: “los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre de cada año caducan sin excepción”.

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Los otros dos requisitos serían comenzar la ejecución de ese 15 por ciento ese mismo año y “cumplir con el objeto del compromiso en cada una de las vigencias”.

Escobar no parece preocupado por las denuncias. Por el contrario, dice que “la licitación es internacional, sigue las normas de la banca multilateral y el cronograma fue hecho con su apoyo”, por lo que “debe concluir el 20 de septiembre con la adjudicación“.

No obstante, el concejal no se detuvo ahí y explicó que en el convenio de cofinanciación firmado el 9 de noviembre de 2018 se incluyó un ‘mico’ para pasar los recursos de una cuenta a otra dentro del Distrito. La intención sería que “con el giro de estos recursos, los mismos quedaran ejecutados y disponibles para cumplir con las finalidades de este convenio”.

Esto es lo que, de acuerdo con Morris, “no puede bajo ningún aspecto entenderse que el simple traslado de los recursos a través de contratos de administración se considere como una ejecución presupuestal“.