Economía
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Aunque en principio parecía que no iba a tener ningún problema, una jugada inesperada de su compañero la terminó hundiendo en un infierno financiero.
En un pequeño lote en una vereda de Paipa, Boyacá, Ana Mercedes Pérez soñaba con construir una cabaña para disfrutar su retiro tras décadas de dedicación a la docencia y las matemáticas.
(Vea también: Caso de Valentina Trespalacios y Poulos da giro por nuevo hallazgo: “Tenían nube juntos”)
Sin embargo, ese sueño se desvaneció por una deuda que no contrajo, pero que hoy la persigue: más de 1.200 millones que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) le reclama por un crédito educativo del que fue codeudora, según lo mencionó El Espectador.
La historia de la maestra, nacida en una familia campesina de Paipa, con un padre obrero y una madre tejedora de ruanas, es un recordatorio de los riesgos de un acto de confianza que se convirtió en un calvario financiero, emocional y de salud.
Acá, una foto de la señora Pérez:
En 2008, la profesora firmó como codeudora de un crédito educativo para Héyder Carlosama, un colega que buscaba financiar un doctorado en la Universidad de Berkeley, Estados Unidos. El acuerdo parecía un respaldo rutinario para apoyar la formación académica de un compañero, pero terminó convertido en una pesadilla, de acuerdo con el periódico mencionado anteriormente.
Carlosama no solo incumplió con el pago del crédito, sino que también abandonó sus estudios y desapareció, dejando a Pérez como la única responsable de una deuda que comenzó en 320 millones en 2015 y que, con intereses acumulados, alcanzó los 1.200 pesos, según reportes judiciales recogidos por El Espectador.
“Yo firmé papeles. Yo solo miré el programa que él tenía que hacer, el proyecto que tenía me parecía muy interesante y acorde con la escuela de Ingeniería Geológica”, le dijo al rotativo.
La UPTC, con el respaldo del Juzgado 4 Civil del Circuito de Tunja, inició un proceso ejecutivo contra Pérez en 2016, embargando los derechos de uso de su lote en Paipa, el único bien que poseía para garantizar su futuro, explicó el mismo medio.
El caso de Ana Mercedes Pérez no es solo una cuestión económica. La deuda ha provocado un profundo impacto emocional y de salud, ya que enfrenta problemas derivados del estrés constante, aseguró el periódico.
La defensa de Pérez, liderada por su abogado, propone dos soluciones: localizar a Héyder Carlosama, quien permanece ilocalizable desde su partida a Estados Unidos, o lograr una conciliación con la UPTC.
Sin embargo, la universidad no ha emitido un pronunciamiento público al respecto, y el proceso sigue su curso. El abogado de Pérez resume la situación con crudeza: “El proceso solo terminará si Héyder aparece, si hay conciliación, si se paga la deuda o con la muerte de los involucrados”, le dijo al periódico.
El caso evidencia los riesgos de firmar como codeudor, un compromiso legal que, en ausencia del deudor principal, recae completamente sobre el garante. En Colombia, la figura del codeudor obliga a responder con el patrimonio personal, como le ocurrió a Pérez, quien perdió su lote y, con él, la esperanza de un retiro tranquilo.
En Colombia, si una persona es codeudora y el deudor principal no paga, deberá asumir la responsabilidad de cumplir con la obligación financiera. A continuación, algunas implicaciones:
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