Detrás del garrote de la visa de EE. UU. pende la lista Clinton como espada de Damocles

En Colombia, hace un año, se combinaron esos dos castigos, que no siempre están necesariamente asociados, en el caso del expresidente Petro y su entorno.

Al margen de las acciones militares y diplomáticas que viene adelantando Estados Unidos en el hemisferio para contener el narcotráfico y el terrorismo, en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas que lidera el presidente Donald Trump, ese país decidió usar otro mecanismo para golpear a quienes, considera, atentan contra la seguridad, el estado de derecho y la democracia. Ese garrote es la revocatoria de las visas, que podría estar seguido de un castigo mucho más temido: el ingreso a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la lista Clinton.

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Aunque en la medida que anunció del gobierno estadounidense de revocarles las visas a 27 funcionarios o exfuncionarios el país más afectado fue Bolivia (el fiscal general de ese país se quedó sin el permiso de ingreso a Estados Unidos), el caso de Colombia es llamativo porque los dos perjudicados, la senadora de izquierda Martha Peralta Epieyú y al empresario Euclides Antonio Torres Romero, hacen parte de una lista que el 11 de junio pasado le envió el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella al subsecretario de Estado, Christopher Landau, también conocido como el quita visas.

En Colombia, Peralta Epieyú, integrante del partido Pacto Histórico y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), es investigada por delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio dentro del caso de corrupción de la UNGRD, y Torres Romero ha siso mencionado en diferentes ocasiones por presuntas financiaciones con campañas y sectores del petrismo, especialmente con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y el posterior gobierno del Pacto Histórico.

Grave señalamiento de Estados Unidos

Hasta ahora, ni Peralta Epieyú ni Torres Romero han sido hallados culpables en el país, y gozan de la legítima presunción de inocencia. Pero en la esfera estadounidense, que normalmente está bien documentada e informada, a estos dos colombianos los cubre ahora una pesada sombra definida por la manera en que el Departamento de Estado presentó su decisión: “Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos”. El señalamiento es grave.

“Esta política restringe las visas para ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, precisa el Departamento de Estado. “Atentar contra un gobierno democráticamente elegido constituye una amenaza para la seguridad y el estado de derecho en las Américas y no será tolerado. Este es un mecanismo permanente que permite a Estados Unidos actuar con rapidez, en coordinación con sus socios, a medida que se acumulan pruebas”.

Pero sobre las personas a las que Estados Unidos les revoca la visa pesa como la espada de Damocles otro serio riesgo: la inclusión en la lista Clinton. En Colombia, en octubre del año pasado, se combinaron esos dos castigos —que no siempre están necesariamente asociados— en los casos del expresidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y el exministro del Interior Armando Benedetti.

Benedetti ha calificado como “demoledora” esa medida por la cual ha dicho que está “devastado”. Más allá de calificarla como “injusta”, de asegurar que nunca ha “entrado a la casa de un solo narcotraficante” y de sostener que lo incluyeron por defender la dignidad de Petro, el hecho concreto es que le bloquearon sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias, además del grave daño reputacional para él y su familia.

Un escenario así para un empresario como Euclides Torres sería simplemente catastrófico. Aunque se esfuerza por mantener un bajo perfil, de él se sabe que puede tener más de 50 empresas en un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública. Se le conoce, entre otros apelativos, como el zar de los permios de tránsito en Colombia. Y su grupo político está prendiendo motores para la campaña con miras a las elecciones del año entrante, en las que se disputan con el clan Char la gobernación del Atlántico y varias alcaldías.

Mientras el Torres Romero guarda hermético silencio, la senadora Peralta dijo que se enteró a través de redes sociales y medios de comunicación, pues el gobierno estadounidense no le ha notificado de ninguna sanción en su contra: “Hasta ahora, no he recibido una comunicación oficial ni conozco los motivos”, dijo, y aseguró que iniciará las acciones institucionales y administrativas ante la Cancillería y las autoridades estadounidenses para conocer en detalle la decisión y saber “de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión”.

En su carta a Landau, De la Espriella aseguró que los líderes políticos, funcionarios y clanes de la región Caribe que le presentaba deberían ser tenidos “en el radar” por presunta compra de votos en la campaña presidencial. El subsecretario de Estado parece haber tenido en cuenta a dos: Peralta Epieyú y Torres Romero.

Pero en su lista De la Espriella también relacionó otros nombres: Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Agmeth Scaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez, el clan de los hermanos Calle, Mario Fernández, Karime Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Johana Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo.