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La determinación de la Corte no se trata de una declaración de culpabilidad, sino que es una etapa dentro del caso por fraude procesal y soborno a testigos.
La medida ordenada por la Corte Suprema de Justicia determina la detención domiciliaria preventiva del expresidente, pero el veredicto sobre su culpabilidad o inocencia vendría más adelante, destacó Noticias RCN.
Sobre la ruta procesal que le espera a este caso, el abogado penalista Francisco Bernate le dijo a ese medio que la defensa de Álvaro Uribe puede interponer el recurso de apelación, pero esto “no suspende la decisión”.
“Debe cumplirse la detención [domiciliaria], esta se apela ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero el proceso sigue avanzando en la etapa probatoria mientras la Corte resuelve la apelación, que puede ser o confirmando la detención preventiva o dejándolo en libertad”, sostuvo el jurista.
Sobre el proceso que seguirá el caso por fraude procesal y soborno a testigos, Bernate dijo que, si se presenta el recurso de apelación, lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento pasa a la Sala de Casación Penal de la Corte para que lo revise.
De otro lado, el trámite por el proceso continúa en la Sala de Instrucción y Juzgamiento, “que tendrá que seguir levantando las pruebas, cerrar el caso y decidir si acusa ante la Sala de Juzgamiento o si precluye el caso definitivamente”, aseguró Bernate en el informativo.
El penalista recordó que la Corte ordenó la detención domiciliaria en contra de Uribe porque entiende que el senador puede afectar el desarrollo del proceso que se adelanta en su contra.
Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia destacó en ese informativo que a Uribe se le está juzgando como senador, mas no como expresidente de la República, y que por eso su caso está cursando en el alto tribunal.
El exmagistrado recordó en el noticiero que Uribe es una persona aforada y “por estar en el Senado tiene derecho a que su juez sea el máximo tribunal del país”.
En la línea de Bernate, manifestó que la defensa del congresista del Centro Democrático “puede ir a la sala de segunda instancia, que está compuesta por 9 magistrados” para solicitar su libertad.
Juan Manuel Charry, constitucionalista, dijo en Noticias RCN que no hubiera tomado una determinación de ese tipo, toda vez que se adelanta en una “coyuntura muy difícil” con una Corte Suprema que atraviesa “por la peor crisis de su historia”.
Agregó que este es un caso de politización de la justicia y no solo habló de apelación, sino que no descartó la posibilidad de tutela.
“Es probable que exista esa posibilidad si se está causando un perjuicio irremediable, como la pérdida de la libertad, pero en materia de tutela lo más aconsejable es ejercer los recursos que la ley da para después si ejercerla”, concluyó en ese informativo.
Aunque fue el propio expresidente el que notificó la determinación de la Corte Suprema, de momento, el tribunal no ha hecho pública la orden de detención domiciliaria.
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