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Se trata de una destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años que interpuso la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la ITRC.
Es un fallo de primera instancia de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITCR), basado en el incremento injustificado, entre los años 2013 y 2016, del patrimonio de Ómar Ambuila.
La sanción se la aplicaron al hombre que fue detenido por actos de corrupción mientras ejercía como funciones en la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional De Impuestos y Aduanas de Buenaventura de la Dian.
Pese a estos hechos, Ambuila y su familia recuperaron su libertad en mayo de 2020, y enfrentarán el juicio que les espera fuera de prisión.
Según la ITCR, Ambuila incurrió en una falta disciplinaria por “(…) incrementar injustificadamente el patrimonio directa o indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga”. La conducta fue calificada como gravísima cometida a título de dolo.
Esta decisión ratifica la suspensión temporal que se le había aplicado en junio pasado, pues intentó volver a su cargo cuando quedó libre argumentando que no ha sido condenado por ningún delito. Sin embargo, Ambuila todavía puede presentar una apelación.
La primera investigación la hizo la Dian en 2007 con un proceso disciplinario en su contra por dejar ingresar al país una mercancía que luego fue decomisada.
Sin embargo, solo las excentricidades de su hija Jenny Ambuila y los lujos que mostraba en redes sociales, como un Lamborghini personalizado, llamaron la atención para investigar a la familia, incluida la mamá de la joven, Elba Chará.
Es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que ejerce vigilancia y control en la Dian, Coljuegos y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).
Desde su labor preventiva y sancionatoria tiene la facultad de auditar los procesos misionales, operativos, tecnológicos y administrativos de estas entidades vigiladas, así como investigar y sancionar a los funcionarios por conductas irregulares y faltas disciplinarias gravísimas.
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