¿Quién es dueño del campo en Colombia? El 1% concentra el 81% de la tierra y la desigualdad persiste

La reciente investigación publicada por El Espectador expone un complejo panorama en torno a la distribución de tierras en Colombia. De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el país mantiene una de las mayores concentraciones de tierras rurales en pocas manos de América Latina, fenómeno que se ha arraigado durante décadas y que ha sido objeto de preocupación por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y de estudios académicos. Según el mismo reporte, tan solo el 1% de los propietarios concentra aproximadamente el 81% del total de la tierra productiva, una cifra que evidencia un marcado desequilibrio en la tenencia rural.

La problemática no solo se traduce en una cuestión de desigualdad económica, sino también en el acceso a recursos productivos fundamentales para el desarrollo de las comunidades rurales. Como revela El Espectador, la histórica acumulación de tierras está vinculada directamente a fenómenos como el desplazamiento forzado y la violencia, aspectos que han modelado la estructura agraria del país. Además, el informe señala que, si bien el Estado ha realizado esfuerzos a través de reformas agrarias, los obstáculos normativos y el poder político de los grandes terratenientes han limitado el impacto de estas iniciativas.

El contexto histórico de la distribución de la tierra en Colombia incluye hitos como las reformas de 1936 y 1961, que, según El Espectador, pretendían ofrecer soluciones al latifundismo y promover la redistribución de la propiedad. Sin embargo, estos intentos resultaron insuficientes frente a la magnitud del problema. Organizaciones como la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado han advertido que el acaparamiento de tierras también ha conservado la desigualdad social, restringiendo oportunidades y perpetuando la pobreza rural.

Frente a esta situación, la reciente apuesta del gobierno para avanzar en la reforma rural integral, establecida en el Acuerdo de Paz de 2016 según información de El Espectador, representa una nueva oportunidad para responder a la concentración de tierras. No obstante, el cumplimiento de este objetivo enfrenta desafíos estructurales, como la actualización del catastro rural y la resistencia de los sectores más privilegiados. El Espectador concluye que la democratización de la tierra continúa siendo un reto fundamental para alcanzar la paz y la equidad en el campo colombiano.

¿Cuál es el papel de la reforma rural integral en la solución de la desigualdad en la tenencia de la tierra? El papel de la reforma rural integral, mencionado en el Acuerdo de Paz de 2016 según El Espectador, radica en abrir camino a una redistribución más equitativa de la propiedad rural. Este mecanismo pretende garantizar el acceso a parcelas para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, buscando desarticular la histórica concentración de tierras y sus secuelas sobre el desarrollo rural, como el desplazamiento forzado y la pobreza. La implementación de esta reforma incluye la actualización del catastro rural, un sistema de registro y valoración de predios, que permitiría identificar a los grandes tenedores y priorizar la regularización de la propiedad. No obstante, el contexto ha demostrado que existen dificultades relacionadas con la resistencia de actores sociales y económicos influyentes, así como la limitada capacidad institucional del Estado. La reforma, entonces, es una apuesta compleja que requiere de voluntad política, recursos y un seguimiento constante, como indica El Espectador, para lograr generar transformaciones que sean sostenibles y respetuosas de los derechos de las poblaciones rurales.

¿Qué significa desplazamiento forzado y cómo se vincula con la problemática de la tierra? El desplazamiento forzado, según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado citada por El Espectador, se refiere al desarraigo violento de comunidades rurales de sus territorios, causado por múltiples actores armados y económicos en busca de ejercer dominio sobre la tierra. Este fenómeno, lamentablemente, ha sido recurrente en Colombia durante décadas, alimentando la acumulación de tierras en manos de quienes pueden aprovechar la incertidumbre y debilidad institucional para expandir sus propiedades. La relación entre desplazamiento forzado y concentración de tierras es directa. Como indica el artículo de El Espectador, la violencia y la pérdida de territorios por parte de pequeños propietarios han facilitado la apropiación irregular de predios y el fortalecimiento de grandes propiedades, perpetuando el desequilibrio en el acceso a este recurso tan fundamental para la economía y la vida rural del país.