Tras 31 años de incertidumbre, la familia de María del Pilar se reencuentra y entierra su memoria en Cesar

El cuerpo de María del Pilar, desaparecida desde 1993 en la zona rural de San Diego, Cesar, en el contexto del conflicto armado colombiano, fue finalmente inhumado en la bóveda familiar del cementerio de Agustín Codazzi. Esta inhumación representa un cierre simbólico para su familia tras décadas de incertidumbre y dolor. La noticia llega después de la confirmación, a través de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), excombatientes y la Corporación Humanitaria Reencuentros, de que María del Pilar falleció en 2002 durante un parto en condiciones precarias. Inicialmente su cuerpo había sido enterrado en Fundación, Magdalena, y su hijo entregado a otra familia, lo que profundizó la fractura para los suyos. Finalmente, la familia pudo reencontrarse con el hijo, ya adulto, en Valledupar, hacia finales de 2024, en un acto de reconciliación largamente esperado.

El caso de María del Pilar pone de relieve la magnitud y complejidad del fenómeno de las desapariciones forzadas en Colombia. Según información oficial del Registro Único de Víctimas (RUV), hasta el cierre de 2024 se reportaban más de 120,000 personas desaparecidas en el país desde el inicio del conflicto armado a finales de los años 70, siendo los departamentos de Cesar y La Guajira algunas de las regiones más golpeadas. La UBPD, que nació del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, ha sido un pilar fundamental en la esperanza de las familias afectadas, apoyándose no solo en el esfuerzo institucional sino también en la colaboración directa de excombatientes y comunidades locales para la recuperación de restos y esclarecimiento de los casos.

Esta estrategia colectiva se distancia de los enfoques anteriores, muchas veces exclusivamente estatales o aislados. Por ejemplo, investigaciones de la Fundación Ideas para la Paz muestran que involucrar a excombatientes en procesos de búsqueda y verdad aporta no solo a la localización de desaparecidos, sino también a reducir la estigmatización social y a promover la reconciliación comunitaria. Asimismo, la utilización de tecnologías modernas—como coordenadas satelitales y métodos forenses avanzados en la identificación de cuerpos—ha cobrado velocidad e impacto gracias a alianzas internacionales y del sector académico, lo que ha incrementado la eficiencia y precisión de las búsquedas en los últimos años.

El drama de María del Pilar refleja, además, la situación de miles de mujeres campesinas atrapadas en las violencias del conflicto armado. Organizaciones como ONU Mujeres en Colombia han destacado que las víctimas mujeres de desaparición forzada enfrentan retos adicionales para acceder a justicia y reparaciones, por factores de doble estigma y precariedad socioeconómica. Visibilizar estas historias y reivindicar su memoria resulta indispensable para garantizar derechos y prevenir nuevas violencias en el futuro.

Además, la jornada de registro y toma de muestras para identificación, llevada a cabo en Agustín Codazzi en septiembre de 2025, demuestra el esfuerzo sostenido en regiones como Cesar y La Guajira, todavía muy afectadas por la desaparición forzada. Según informes de expertos en derechos humanos, la entrega de restos debe complementarse siempre con garantías de verdad, justicia y reparación para las familias, como parte de un camino hacia la paz duradera en Colombia. El caso de María del Pilar, al reactivar la esperanza, refuerza el compromiso colectivo con la memoria, la transparencia y el acompañamiento continuo para las víctimas y sus familias.

¿Qué funciones cumple la UBPD en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas?
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) fue una de las principales instituciones surgidas tras el Acuerdo de Paz de 2016. Su propósito es abordar las desapariciones forzadas originadas por el conflicto armado, un fenómeno que dejó más de 120,000 personas desaparecidas, según el Registro Único de Víctimas. La UBPD coordina la recuperación de los restos, gestiona el diálogo directo con excombatientes y víctimas, y facilita procesos de reconciliación y esclarecimiento, apoyándose en metodologías participativas y tecnologías forenses. Su labor representa un avance sobre prácticas anteriores al involucrar tanto a comunidades como a exintegrantes de grupos armados y organizaciones humanitarias.

Este enfoque integrado ha permitido reconstruir historias familiares y fortalecer el tejido social. Su participación contribuye no solo a la localización de desaparecidos, sino también a la dignificación de las víctimas y a la confianza entre actores antes enfrentados, lo que favorece la verdad y la reparación integral en el proceso de paz colombiano.

¿Qué significa desaparición forzada y por qué afecta especialmente a las familias campesinas?
La desaparición forzada es un crimen en el que una persona es detenida o secuestrada y, posteriormente, ocultada por agentes del Estado o grupos armados ilegales, negando información sobre su paradero. En el contexto colombiano, especialmente en zonas rurales afectadas por el conflicto armado, las familias campesinas han sido especialmente vulnerables a este delito, ya que enfrentan dificultades económicas, limitaciones geográficas y acceso restringido a la justicia.

El impacto de la desaparición forzada en comunidades campesinas se agrava debido a la pérdida de proveedores, líderes y miembros esenciales de la familia. La falta de esclarecimiento de los hechos perpetúa el dolor y la incertidumbre en los hogares, dejando secuelas emocionales y sociales profundas. El reconocimiento y búsqueda activa de las víctimas resulta esencial para la reconstrucción social de estas poblaciones y la prevención de repeticiones.