¿Transporte público esencial? La propuesta que busca blindar a TransMilenio ante bloqueos y protestas en Bogotá

El debate sobre la protección del transporte público masivo en Bogotá ha cobrado relevancia tras la reciente iniciativa anunciada por Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá. Su propuesta consiste en radicar un Proyecto de Acuerdo con el objetivo de declarar el transporte público como un servicio esencial en la ciudad, obligando así a las autoridades a preservar su funcionamiento en medio de bloqueos y protestas violentas. Según advirtió Quintero, la recurrencia de este tipo de manifestaciones no solo ha impedido la movilidad, sino que también ha vulnerado derechos fundamentales de millones de bogotanos.

De acuerdo con las cifras comunicadas por Quintero, solo en 2025 se han reportado 751 incidentes entre protestas, disturbios y otras contingencias que han afectado de manera directa tanto al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) como a los servicios troncales de TransMilenio. Este número implica más de 300 eventos adicionales respecto al año anterior en el mismo periodo. Como consecuencia, se estima que hasta la primera semana de octubre, alrededor de 14,5 millones de personas resultaron afectadas, lo que evidencia el impacto negativo de estos hechos sobre la vida diaria de los ciudadanos y sobre la economía del sistema.

Con el respaldo de la Constitución, en su artículo 365, y de la Ley 336 de 1996, el proyecto busca fundamentar la protección del transporte masivo como un servicio público esencial. Además, cita la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que reconoce el acceso al transporte como un factor que garantiza otros derechos fundamentales, tales como movilidad, educación, trabajo y salud. En palabras de Quintero, la finalidad es que la administración distrital y las autoridades puedan intervenir sin dilaciones ante bloqueos violentos, procesando judicialmente a los responsables y velando por los derechos de quienes requieren movilizarse diariamente por la ciudad.

Las estadísticas más recientes de TransMilenio registran que durante el presente año, 259 buses han sido objeto de vandalismo, y se han dejado de percibir $12.638 millones debido a la ausencia de validaciones. A esto se suma que, entre 2020 y abril de 2023, las pérdidas ligadas a ataques contra la infraestructura ascendieron a cerca de $17.000 millones. Estos datos permiten dimensionar las consecuencias no solo en términos de movilidad, sino también en el respaldo financiero del sistema, indispensable para su operación regular.

Quintero respaldó su propuesta con referencias a decisiones judiciales previas, como la sentencia de la Corte Suprema que declaró ilegal la huelga de pilotos de Avianca en 2017 por tratarse de un servicio esencial, y la condena en 2019 a Daneidy Barrera Rojas, conocida como "Epa Colombia", por actos de vandalismo contra una estación de TransMilenio. El concejal recalcó que el derecho a la protesta no se pone en entredicho, pero enfatizó que bloquear vías y dañar los buses constituye una agresión a la colectividad, pues afecta la cotidianidad y los derechos de millones de personas en Bogotá. El anuncio ha abierto el debate sobre cómo conciliará la ciudad el derecho a la movilización social con la garantía de los servicios públicos esenciales, mientras se espera que el proyecto sea debatido antes del cierre del actual periodo del Concejo, según informó El Espectador.

¿Qué implica declarar al transporte público como un servicio esencial?

La declaración del transporte público como servicio esencial conlleva responsabilidades adicionales para las autoridades, particularmente en situaciones de alteración al orden y protestas. Bajo esta denominación, la administración distrital debe garantizar la operatividad continua del servicio y actuar legalmente contra quienes lo afecten, prestando atención especial a la protección de la infraestructura y los usuarios.

Según lo expuesto en el proyecto y respaldado en jurisprudencia de la Corte Constitucional, un servicio esencial es aquel cuya interrupción puede afectar derechos fundamentales como la salud, la educación o el trabajo. Por ello, la continuidad del transporte público no solo apunta a mejorar la movilidad, sino también a tutelar una serie de derechos fundamentales, lo que convierte al sistema en un pilar estructural del bienestar colectivo en la ciudad.