David Luna en Manizales: diálogo, fin de los peajes y mano dura contra el narcotráfico para renovar a Colombia

El precandidato presidencial David Luna, durante una conversación con LA PATRIA Radio en su visita a Manizales, definió los ejes de su campaña bajo los principios del diálogo y la cercanía con la ciudadanía. Luna insistió en la necesidad de alejarse de la polarización y apostó por construir propuestas concretas, emitidas desde el contacto directo con las personas. Entiende la gravedad de los problemas sociales y, por ello, ha reiterado su llamado a recuperar la esperanza, la moral y la autoridad en Colombia, priorizando las ideas sobre la confrontación personal y arraigando su discurso en la búsqueda de consensos políticos.

En cuanto a propuestas específicas para Caldas, Luna abordó el futuro de las Autopistas del Café tras el término de la concesión, señalando el descontento local respecto a los tres peajes, percibidos por los habitantes de Manizales como restricciones. Además, resaltó la importancia estratégica del proyecto Pacífico 3, pieza fundamental para conectar a Caldas, Valle y Antioquia con el litoral Pacífico. Para Luna, impulsar la integración de ese corredor logístico con el río Magdalena y La Dorada posibilitará la unión de los océanos Pacífico y Atlántico, consolidando a Caldas como un eje en el desarrollo logístico e infraestructural de la nación, como insistió en la entrevista citada por LA PATRIA Radio.

En su diagnóstico nacional, Luna identificó el narcotráfico como el principal mal que afecta a Colombia. Basándose en cifras históricas y actuales, denunció el crecimiento desbordado de la producción de cocaína, desde aproximadamente 100 toneladas en la época de Pablo Escobar hasta cerca de 3.000 toneladas en la actualidad. Según Luna, esta criminalidad, asociada también al microtráfico y la minería ilegal, golpea la seguridad y la salud pública, afectando en particular a la niñez en entornos escolares. Además, alertó sobre la complicidad transnacional a través de la frontera venezolana, donde la ausencia de inteligencia estatal ha permitido el tráfico de drogas y oro por parte de organizaciones vinculadas, entre ellas, el Cartel de los Soles.

En materia de juventud, Luna cuestionó el estigma asociado al término “ninis” -jóvenes que ni estudian ni trabajan-, y propuso crear oportunidades de formación en bilingüismo, habilidades blandas y desarrollo en inteligencia artificial, apuntando a una educación innovadora acorde a las demandas del mundo globalizado.

Luna afronta el escenario electoral colombiano desde una posición ajena al extremismo, defendiendo el intercambio político y la experiencia como vías para solucionar la crisis fiscal y energética. Destacó el incremento en intención de voto reflejado en encuestas, pasando del 0.5% en enero a cifras entre el 4% y el 7%. Su candidatura, impulsada por la recolección de firmas y no por partidos, está pensada para sortear barreras internas y apostar por una renovación orientada por el saber experto y el diálogo entre posturas diversas.

Sobre financiación, Luna defendió la legalidad y transparencia de los recursos recibidos, desmarcándose de estigmatizaciones ideológicas y subrayando la necesidad de rendición de cuentas en campaña. Criticó impuestos como los llamados “impuestos saludables” y el gravamen al carbón, aseguran que no han tenido los efectos esperados y solo han afectado negativamente a la economía y a los consumidores. Subrayó, sin embargo, el valor de la información transparente para los ciudadanos a través de etiquetas de advertencia en productos.

Este panorama revela la intención de Luna de posicionarse lejos de posturas radicales, apostando por reformas estructurales y diálogo ciudadano en un contexto fragmentado. Su énfasis en proyectos de infraestructura, seguridad frente al narcotráfico y educación tecnológica refleja una agenda orientada hacia la modernización y la gobernabilidad basada en la experiencia y la participación, elementos fundamentales para entender las dinámicas actuales del proceso electoral en Colombia.

¿Cómo afectan las concesiones viales y los peajes a los habitantes de regiones como Caldas?

La mención de las Autopistas del Café y la inquietud de los ciudadanos de Manizales ante la ubicación de los peajes pone de relieve una problemática frecuente en regiones atravesadas por concesiones viales. Cuando la infraestructura depende de pagos reiterados por parte de la ciudadanía, surgen cuestionamientos sobre el retorno de la inversión y el impacto económico en los desplazamientos diarios. Estas inquietudes revelan la necesidad de replantear los esquemas de mantenimiento y financiamiento tras finalizar los periodos de concesión.

Además, el debate sobre los peajes resalta la importancia de garantizar que las grandes obras de infraestructura generen beneficios tangibles y equitativos. La inclusión de la población en estas discusiones tiene implicaciones directas no solo en la movilidad regional, sino en la percepción de equidad y legitimidad de los proyectos nacionales. La voz de personajes públicos como Luna canaliza dichas preocupaciones, proponiendo alternativas en busca de consensos regionales y nacionales.

¿Por qué se relaciona el narcotráfico con la minería ilegal en Colombia?

En el análisis expuesto por Luna, se establece una conexión entre el narcotráfico y la minería ilegal, dos fenómenos que han mutado y convergido en varios territorios de Colombia. Tanto el tráfico de drogas como la extracción de oro fuera de las regulaciones estatales sirven de fuente de financiamiento para organizaciones criminales. Esta relación implica el cruce de actividades delictivas que dificultan la intervención estatal y agudizan los problemas de seguridad nacional.

La presencia de redes criminales transnacionales, como enfatizó Luna en referencia a la frontera con Venezuela, facilita la salida tanto de cocaína como de oro. Estas rutas ilegales son un desafío de gran magnitud para la autoridad, con consecuencias significativas sobre la economía formal, el medio ambiente y la cohesión social. En este contexto, la lucha contra ambas actividades debe entenderse como una tarea conjunta y prioritaria para garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible en Colombia.