El drama invisible de El Paraíso: estudiantes entre aguas residuales y olvido institucional en Valledupar

La crisis que actualmente afecta a cerca de 300 estudiantes en la subsede El Paraíso, anexo del colegio San Joaquín de Valledupar, es un reflejo contundente de los serios déficits en la gestión educativa y urbana que aquejan a sectores vulnerables en Colombia. En este enclave, el deterioro progresivo de la infraestructura escolar, el colapso funcional del sistema de alcantarillado y la carencia de respuestas institucionales efectivas se han convertido en factores que comprometen gravemente la calidad educativa y la salud de la niñez. Tal emergencia no solo pone en relieve la fragilidad del sistema escolar en regiones periféricas, sino también la ausencia de soluciones estructurales y una notoria problemática de gobernabilidad.

El funcionamiento de la subsede El Paraíso bajo un régimen legal de comodato, donde el colegio emplea los predios sin ser su titular formal, ha derivado en una situación de indefinición institucional. Según los testimonios de docentes y líderes comunitarios como Álvaro Hurtado y Aide Lazcaro, esta ambigüedad legal genera lo que describen como una auténtica “tierra de nadie”, donde ninguna entidad gubernamental asume responsabilidad directa sobre el mantenimiento, equipamiento o sanidad de la escuela. Como resultado, los problemas de infraestructura suelen permanecer desatendidos, mientras la comunidad escolar continúa sufriendo los efectos de la negligencia oficial.

Este escenario particular está lejos de ser un caso aislado. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, la falta de claridad en la propiedad de los predios en las zonas rurales y periurbanas de Colombia y América Latina suele traducirse en importantes retrasos en la intervención pública, tanto en términos de mantenimiento como de financiación escolar. Esta realidad agudiza la desigualdad y limita el acceso a una educación de calidad para las poblaciones más necesitadas, un fenómeno que se replica en otros municipios con problemas similares de expansión urbana informal y escaso acompañamiento estatal.

En El Paraíso, el colapso del saneamiento sanitario es el aspecto más crítico. La ausencia de alcantarillado ha dado lugar a que las aguas residuales rebosen en pozos y caños improvisados, generando expulsión de olores ofensivos y condiciones insalubres que también se extienden a los espacios en los que los niños estudian y consumen alimentos. Múltiples denuncias de la comunidad aluden a la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales y departamentales, forzando a los padres y vecinos a asumir de manera periódica los costos del mantenimiento sin los recursos ni respaldo necesarios.

La Organización Mundial de la Salud advierte que la carencia de condiciones sanitarias adecuadas en entornos escolares incrementa significativamente el riesgo de enfermedades gastrointestinales, especialmente en poblaciones infantiles ya marcadas por la vulnerabilidad económica. El Ministerio de Salud confirma que los barrios periurbanos de Valledupar sufren un notorio déficit en la provisión de servicios públicos básicos, situación que se agrava en instituciones cuya propiedad legal es irregular.

La respuesta pedagógica ante la crisis ha consistido en la reducción temporal de horarios y la flexibilización de las jornadas, en un intento por limitar la exposición de estudiantes y maestros a ambientes insalubres. No obstante, como señalan docentes entrevistados, estas medidas resultan paliativas e insuficientes; no brindan una solución estructural al problema ni garantizan el derecho fundamental a un entorno escolar digno. Agencias como UNICEF subrayan que la infraestructura escolar adecuada es indispensable para el desarrollo y la permanencia educativa de niños y niñas en contextos vulnerables, lo que resalta la urgencia de una intervención más amplia.

A su vez, las precarias condiciones socioeconómicas de las familias de El Paraíso —marcadas por la informalidad laboral y altos índices de pobreza infantil— se combinan con los problemas estructurales de la educación pública. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) evidencia estas carencias en sus informes sobre pobreza y acceso educativo en municipios como Valledupar. Además, organizaciones como Transparencia Colombia han alertado sobre la instrumentalización política de estos sectores, donde la atención estatal suele circunscribirse a temporadas electorales, exacerbando la desconfianza ciudadana y perpetuando déficits en la provisión de servicios básicos y sociales.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación de Valledupar ha mantenido el silencio institucional, sin ofrecer pronunciamientos claros respecto a soluciones o proyectos de intervención directa para esta crisis. Esta ausencia de respuesta no solo refleja una brecha administrativa, sino que perpetúa la desigualdad estructural en el acceso a derechos fundamentales como educación, agua potable y saneamiento adecuado, afectando a centenares de niños que ven comprometido su futuro.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Cuáles son las consecuencias sanitarias para la niñez que estudia en ambientes escolares sin acceso adecuado a saneamiento?

La ausencia de saneamiento en las escuelas expone a los niños a un mayor riesgo de contraer infecciones gastrointestinales, parásitos y enfermedades transmitidas por el agua contaminada, como alerta la Organización Mundial de la Salud. Además de los efectos inmediatos en la salud, como diarreas o deshidratación, estas condiciones afectan el rendimiento escolar, provocando ausentismo y limitando el desarrollo cognitivo y social.

En contextos de vulnerabilidad económica, estos impactos pueden ser aún más severos, ya que las familias suelen tener menor acceso a servicios de salud y a ambientes seguros en el hogar. Todo ello fomenta un círculo de deterioro en la calidad de vida y la permanencia educativa de los niños, dificultando su futuro y generando efectos a largo plazo en el desarrollo de la comunidad.

¿Qué significa un régimen de “comodato” y cómo afecta la gestión educativa?

El régimen de “comodato” implica que una entidad (en este caso, la escuela) utiliza el predio sin ser legalmente propietaria, lo que limita la posibilidad de que actores como la Secretaría de Educación puedan realizar inversiones o intervenciones estructurales, como remodelaciones o ampliaciones. Esta figura legal, frecuente en zonas urbanas de crecimiento informal, dificulta el acceso a recursos públicos y retrasa la solución de problemas críticos de infraestructura y servicios.

Como la experiencia de El Paraíso demuestra, el comodato suele derivar en una ambigüedad institucional que finalmente perjudica a los más vulnerables: estudiantes y docentes. La formalización de estos predios es clave para destrabar recursos y garantizar una educación digna en contextos periféricos.