Deudas históricas, migración y hospitales al límite: ¿se acerca el colapso de la salud en el Cesar?

La crisis financiera que atraviesa el sistema de salud en el departamento del Cesar, Colombia, responde a una compleja interacción de factores estructurales, económicos y sociales, llevando a un punto crítico tanto a las instituciones públicas como privadas. El Pilón resalta con preocupación la acumulación de una deuda histórica superior a los 361 mil millones de pesos en la red hospitalaria pública. Causa especial preocupación la deuda que mantienen EPS como Coosalud y Nueva EPS, que presentan atrasos por aproximadamente 51 mil millones de pesos cada una.

El origen de esta problemática radica en la insuficiencia y el retraso en la transferencia de recursos estatales hacia las Entidades Promotoras de Salud (EPS), y de estas a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). A ello se suma el desfase de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un mecanismo financiero fundamental que no se actualiza a la par de la inflación ni de la demanda real de los servicios de salud. Según datos del Ministerio de Salud de Colombia (Informe 2024), esta inadecuación afecta la capacidad de inversión, obliga a recortar personal y provoca cierres de camas hospitalarias en distintas regiones del país. Además, la Contraloría General informó en sus auditorías de 2023 sobre el uso indebido de los recursos asignados a la UPC para cubrir gastos ajenos al plan de beneficios, agravando así la situación financiera.

El impacto de la migración irregular, principalmente desde Venezuela, impone una presión adicional sobre este sistema ya debilitado. La atención prioritaria y obligatoria a esta población genera una deuda estatal superior a 36 mil millones de pesos, según cifras oficiales citadas por El Pilón. El Observatorio de Migración y Salud de la Universidad Nacional detalló que alrededor del 80% de la atención a migrantes irregulares recae sobre los hospitales públicos. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la falta de políticas claras y financiamiento para atender a los migrantes aumenta la desigualdad en el acceso y pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios.

Las voces de los actores institucionales refuerzan la gravedad de la situación. La gerente de la Clínica Santa Elena subraya el aumento de los costos y el deterioro en la calidad de los servicios debido al éxodo migratorio. La diputada Claudia Zuleta expone la debilidad patrimonial de las EPS sometidas a intervención, y la secretaria de Salud, Gina Paola Sánchez, insiste en que no se puede dejar de atender a los pacientes por insuficiencia de pagos, pese a la difícil coyuntura.

Ante este panorama, expertos en políticas públicas como los de la Universidad de los Andes sostienen que la única salida posible consiste en una reforma estructural del sistema. Recomiendan implementar mecanismos para el financiamiento oportuno y transparente, además de crear un fondo estatal específico para la atención humanitaria de migrantes. Los informes internacionales coinciden en la urgencia de estas reformas. De hecho, el Banco Mundial sostiene que solo una inversión adaptada y suficiente permitirá alcanzar la cobertura universal en contextos marcados por la migración y las necesidades sociales emergentes.

En definitiva, la crisis sanitaria del Cesar está lejos de ser un fenómeno aislado. Responde a un entramado de déficits históricos, desafíos logísticos para la atención de poblaciones vulnerables y la presión de un fenómeno migratorio inédito en la región. Cifras oficiales y análisis especializados insisten en que la sostenibilidad y mejora del sistema exigirán decisiones de fondo, pensadas más allá de los paliativos coyunturales, para priorizar la transparencia, la adaptabilidad y la equidad en el acceso a la salud.

¿Por qué la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es tan relevante en la crisis de salud del Cesar?

Muchos lectores se preguntan qué es la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y por qué su ajuste es crucial para el sistema. La UPC es el valor anual que el Estado colombiano reconoce a las EPS por cada afiliado, para financiar la atención integral contemplada en el plan de beneficios en salud. Su relevancia radica en que si este valor no se ajusta de acuerdo con el aumento de la demanda o la inflación, las EPS e IPS reciben menos recursos de los necesarios para cubrir los servicios, abriendo brecha hacia el desfinanciamiento y el deterioro de la atención médica. Esta pregunta resulta esencial para entender cómo un mecanismo financiero puede influir en las decisiones administrativas y en la prestación efectiva de los servicios de salud tanto para colombianos como para migrantes.

El desfase en la UPC ha sido identificado por entidades oficiales y expertos como uno de los pilares de la crisis actual. La falta de actualización, sumada al uso inadecuado de los recursos, comprime la capacidad de los hospitales y clínicas para responder con calidad y oportunidad. Entender la función y el impacto de la UPC ayuda a esclarecer por qué corregir este aspecto es una de las prioridades en los debates sobre la sostenibilidad del sistema sanitario en el Cesar y en el resto del país.

¿Cómo afecta la migración venezolana a los hospitales públicos del Cesar?

La llegada masiva de migrantes venezolanos representa uno de los puntos críticos que han agudizado la crisis de salud en el Cesar. La demanda superior de servicios médicos, especialmente en situaciones de urgencia o condiciones maternoinfantiles, rebasa la capacidad de hospitales ya presionados por problemas financieros históricos. Datos del Observatorio de Migración y Salud destacan que el 80% de la atención a migrantes irregulares recae sobre hospitales públicos, lo que sobrecarga su operación diaria y limita los recursos disponibles para la población local.

Las deudas estatales asociadas a la atención de esta población, junto con la falta de financiamiento específico para migrantes, han sido señaladas como detonantes de la actual crisis hospitalaria. La situación subraya la necesidad de respuestas estructurales e integrales que reconozcan la realidad migratoria y rediseñen la política pública en salud, para evitar el colapso de la red hospitalaria y garantizar el derecho a la salud de todos los habitantes de la región.