¿El río Guatapurí tiene fecha de extinción? Urgen acciones tras la crisis ambiental en Valledupar

La protección del río Guatapurí, considerado el principal afluente para el abastecimiento y calidad de vida de la población de Valledupar y el departamento del Cesar, ha tomado una relevancia inédita tras la reciente crisis ambiental que enfrenta. El pasado 13 de agosto, la Procuraduría Regional del Cesar convocó una mesa de trabajo donde convergieron autoridades municipales, departamentales, entidades ambientales, ciudadanos y activistas, entre ellos Gustavo José Cabas Borrego, reconocido gestor de la acción popular judicial encaminada a frenar la contaminación y preservar el emblemático río, según reseñas publicadas por El Pilón. Este evento marcó un hito, ya que por primera vez el Guatapurí se posicionó como prioridad en la agenda oficial, un avance respecto al escaso reconocimiento previo por parte de entidades como Corpocesar y Emdupar.

Cabas subrayó que la situación del río sigue siendo crítica, pero que hay una evolución positiva en la conciencia ambiental tanto en las instituciones como en la comunidad. El antecedente inmediato de este proceso es la acción popular instaurada en 2020 por Cabas y otros activistas sociales ante entidades del nivel municipal, departamental y corporativo, como respuesta a los reiterados vertimientos residuales, industriales y la proliferación de urbanizaciones ilegales. Según El Pilón, estas actividades ponen en riesgo el derecho constitucional a un ambiente sano y amenazan con daños irreversibles para la biodiversidad y el ecosistema fluvial.

La gravedad del panorama está avalada por estudios científicos, los cuales advierten que, de persistir la deforestación y la contaminación, el Guatapurí podría secarse totalmente en los próximos veinte años. Esta predicción se fundamenta en análisis realizados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y equipos académicos de universidades colombianas especializadas en gestión ambiental, que identifican un umbral crítico en la pérdida de masa forestal y deterioro hídrico al no implementarse medidas de fondo. De ocurrir, la ciudad enfrentaría una catástrofe social y ambiental sin precedentes.

La inversión pública, aunque aparentemente significativa con más de 38 mil millones de pesos destinados a la recuperación del río según anunció Corpocesar, ha sido objeto de cuestionamientos por falta de transparencia y limitada socialización hacia la ciudadanía, lo que dificulta la veeduría y la rendición de cuentas, como evidenció El Pilón. Este problema refleja una tendencia generalizada en Colombia, documentada por Transparencia por Colombia, de desconexión entre el gasto presupuestado y su ejecución efectiva, afectando la protección de ecosistemas estratégicos.

En respuesta a la emergencia, la Gobernación del Cesar ha impulsado la reubicación de asentamientos ilegales situados en la margen derecha, identificada como uno de los focos principales de contaminación. Además, la proyección de una nueva vía busca mejorar la gestión ambiental, en concordancia con las directrices del Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), un instrumento técnico avalado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para asegurar el manejo sostenible y participativo de las cuencas.

El respaldo institucional ha sido otro pilar fundamental, evidenciado por el seguimiento desde la Procuraduría al fallo judicial que protege el Guatapurí. Acorde con recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la gestión integrada de recursos hídricos, la participación comunitaria y el trabajo articulado entre academia, sociedad y autoridades son ineludibles para salvaguardar la provisión de servicios ecosistémicos y la salud ambiental. Activistas remarcan que el futuro del río dependerá de acciones concretas y transparentes, superando la mera retórica de las mesas de trabajo para convertir la protección ambiental en un derecho adquirido y una prioridad regional y nacional.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué es una acción popular y por qué es importante en casos ambientales como el del río Guatapurí?

La acción popular es una herramienta jurídica contemplada por la Constitución de Colombia que permite a cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos proteger derechos e intereses colectivos, como el medio ambiente o la salud pública. En el caso del río Guatapurí, su importancia radica en que permite exigir judicialmente a las autoridades y empresas el cumplimiento de su deber de proteger los ecosistemas y prevenir daños irreversibles, estableciendo precedentes sobre la exigibilidad legal de la participación ciudadana frente a la gestión ambiental.

Este mecanismo logra que la voz de la sociedad civil tenga un peso real y efectivo en la defensa de recursos naturales, haciendo posible que decisiones administrativas puedan ser revisadas y corregidas bajo el escrutinio de los jueces, como ha sucedido con la orden de proteger el Guatapurí. Así, fortalece la democracia ambiental y la responsabilidad de las autoridades públicas.

¿Por qué es crítico implementar el POMCA para la recuperación de cuencas como la del Guatapurí?

El Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) es una herramienta técnica y legal que orienta el uso, conservación y recuperación sostenible de las cuencas. Su implementación es crítica porque define zonas de protección, actividades permitidas y medidas preventivas ante amenazas ambientales, permitiendo la participación de actores sociales, instituciones y expertos en el proceso.

Cuando el POMCA no se activa oportunamente, la cuenca queda expuesta a intervenciones desordenadas, déficits de control y persistencia de problemas ambientales, como la contaminación y deforestación, que pueden convertirse en crisis difíciles de revertir. De ahí que la activación efectiva de este instrumento sea clave para revertir la degradación y garantizar la resiliencia social y ambiental de regiones como Valledupar y el departamento del Cesar.