Exrepresentante a la Cámara fue condenado por corrupción; se declaró culpable
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Visitar sitioDeberá pagar una pena de 8 años y 10 meses de prisión por el caso de los auxilios parlamentarios, conocidos como 'cupos indicativos'
Con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, condenó al exrepresentante Roberto José Herrera Díaz, a ocho años y 10 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de servidor público.
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El ‘zar de las libranzas’, como también es conocido Herrera Díaz, también fue condenado a pagar una multa de 2.173 salarios mínimos legales mensuales vigentes y $ 5.281.756.346 a favor del Consejo Superior de la Judicatura.
El político que aceptó su responsabilidad ante la Corte Suprema y que se acogió a sentencia anticipada, también deberá pagar a favor de los municipios de Salamina, El Piñón, Pivijay, Guamal, Cerro de San Antonio y Santa Bárbara de Pinto, Magdalena, la suma de $ 9.471.448.920 por daños y perjuicios que ocasionó.
“El exrepresentante fue condenado en primera instancia por dirigir una organización criminal y concertarse con contratistas de esos municipios, a partir del primer semestre de 2012 y hasta el segundo semestre de 2016, con el fin de obtener, por medio de su gestión indebida, recursos provenientes de entidades descentralizadas para financiar obras públicas locales, realizadas a través de convenios interadministrativos”, dice el fallo del Alto Tribunal.
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Dichos recursos fueron gestionados en entidades como el Instituto Nacional de Vías, Invías, el Fondo Financiero de Desarrollo, Fonade, Coldeportes y el ministerio de Vivienda.
La Corte Suprema señala también que los contratistas retribuyeron al exrepresentante a través de tres modalidades: entregándole dinero en efectivo, comprando bienes y servicios a su favor, o cubriendo sus deudas.
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La Sala de Primera Instancia compulsó copias para que se investigue la presunta comisión de delitos por parte de los contratistas involucrados en este caso y de los servidores públicos de las alcaldías que participaron en los procesos contractuales.
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