Corte Suprema dio luz verde a denuncia a Petro y Pizarro por presuntos contratos con Deicy Jiménez

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El caso salió flote después de que la mencionada mujer afirmó en entrevista que recibió pago de servicios íntimos por medio de contratación estatal.

En medio de diferentes anuncios de procesos legales en Colombia, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dio luz verde al análisis formal de una acusación radicada contra la excongresista María José Pizarro y el expresidente Gustavo Petro por sucesos de relacionados por supuestos contratos para la cancelación de intimidad física.

Los togados examinarán conductas presuntamente cometidas durante la época parlamentaria del antiguo jefe de Estado, tras la apertura preliminar tramitada formalmente por la Sala de Instrucción de la corporación judicial, según replicó Blu Radio.

El expediente penal responde a las revelaciones públicas que efectuó Deicy Jiménez, ciudadana que destapó una supuesta red de entrega de vinculaciones laborales y contratos oficiales a cambio de favores íntimos.

Conforme a las declaraciones brindadas por la declarante, estas presuntas anomalías y exigencias indebidas ocurrieron puntualmente durante la etapa legislativa en la cual Petro ocupó un escaño representativo dentro del Capitolio Nacional.

El trámite del sonado expediente penal quedó asignado al despacho del magistrado instructor Javier Fernando Fonseca, funcionario que asumirá la valoración de los elementos probatorios para trazar la ruta investigativa correspondiente.

Sobre este escenario procesal, el titular de la corporación judicial se pronunció frente al camino jurídico que emprenderá el despacho asignado.

“Entiendo que las denuncias que se han hecho son por un tiempo en que fue congresista, eso es de conocimiento de la sala especial de institución de la Corte Suprema. ha llegado una información, habrá que esperar esa información que puede revelar a la persona, al magistrado que le correspondió ese caso que es el doctor Fonseca, ya mirará y qué actuaciones toma y si amplía la denuncia, si llama a una versión, si se hace una vinculación formal, pero apenas está justo en esta etapa en el proceso investigativo, dependiendo del material que se tenga y la robustez de las pruebas ya el magistrado instructor mirará qué acción toma”, declaró Mauricio Lenis.

El togado instructor evaluará testimonios y soportes para ordenar futuras diligencias procesales, a pesar de que María José Pizarro respondió sobre esos presuntos contratos.

¿Qué afirmó Deicy Jiménez sobre contratos con Gustavo Petro?

Deicy Jiménez desató un fuerte remezón político tras denunciar públicamente la supuesta entrega irregular de puestos y contratos estatales a cambio de favores íntimos de índole personal.

La declarante relató en diversos testimonios públicos cómo presuntamente operaba este esquema de retribuciones laborales dentro de círculos políticos cercanos al actual mandatario durante etapas institucionales anteriores.

Según sus declaraciones, estas prácticas involucraron presuntos ofrecimientos laborales que ocurrieron puntualmente durante el periodo en el cual Gustavo Petro ejerció como congresista en el Capitolio Nacional.

La mujer sostuvo que varios intermediarios gestionaban órdenes de prestación de servicios y vinculaciones burocráticas condicionadas al otorgamiento de encuentros íntimos no consentidos de manera libre.

Asimismo, Jiménez afirmó haber presenciado exigencias indebidas dentro de dependencias públicas, señalando la existencia de un entramado sistemático que favorecía a allegados mediante recursos del erario oficial.

Las declaraciones salpicaron además a figuras políticas destacadas, como la excongresista María José Pizarro, señalada presuntamente de conocer o participar en dinámicas administrativas de aquel entorno legislativo.

El impacto de estos relatos trascendió rápidamente la esfera mediática y provocó la interposición formal de denuncias penales ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados del alto tribunal abrieron una indagación preliminar para corroborar la veracidad material de las acusaciones, revisar testimonios directos y recopilar posibles soportes documentales de contratación.

El togado asignado lidera la recolección de pruebas técnicas, cruzando registros históricos de nóminas del Congreso para determinar si existieron pagos irregulares o contrataciones simuladas sin justificación.

Por su parte, los sectores señalados rechazaron enfáticamente las imputaciones, calificándolas como montajes infundados destinados a deteriorar el prestigio de líderes del progresismo en el país.