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La decisión de la Corte Suprema busca que la Procuraduría, el Minjusticia y la defensa de Ambuila, presenten pruebas para avalar o no el proceso de extradición.
Omar Ambuila se hizo famoso en 2020 gracias a varias fotos en las que su hija, Jenny Ambuila, mostraba una ostentosa vida, llena de lujos. Un Ferrari, varios accesorios de marcas de lujo y hasta una matrícula en la Universidad de Harvard pusieron en evidencia una red de corrupción, dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y en la que toda su familia trabajaba.
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Ambuila permitió, desde comienzos de 2019, que varios cargamentos de contrabando entraran al Puerto de Buenaventura, situación que llevó a la Fiscalía a adelantar investigaciones profundas. Pese a ello, no solo ese organismo lo requiere para que responda por sus actuaciones, pues la Corte de Florida en Estados Unidos también lo estaría buscando.
La solicitud de ese país se vio motivada por las investigaciones, que demuestran que Ambuila presuntamente utilizó el sistema financiero de ese país, a través de un cómplice de la DEA, para lavar el dinero que obtenía de sus actividades ilícitas, de acuerdo con información de RCN Radio.
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“Ambuila utilizó sustitutos para transferir aproximadamente un millón de dólares de ganancias ilegales a Jose Irizarry, exagente especial de la DEA, que junto a su esposa, habría desviado el dinero proveniente de operaciones encubiertas contra las drogas, para beneficiarse personalmente”, dice el documento publicado por la Corte de Florida y emitido por el informativo CM&.
Tras la petición, el magistrado Eyder Patiño Cabrera estableció el inicio de las pruebas documentales y testimoniales durante 10 días, desde el pasado 25 de octubre, esto con el fin de que la Procuraduría General de la Nación, el abogado defensor de Ambuila y el Ministerio de Justicia aporten los documentos que puedan avalar o no la extradición, informó RCN Radio.
El Alto tribunal procederá a definir si puede darse el escenario adecuado para que Ambuila responda en Estados Unidos por los delitos de lavado de activos; pese a ello, en Colombia ya enfrenta un proceso penal por el mismo delito y por concierto para delinquir.
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