¿Reforma Agraria Exprés? El Pulso entre Justicia y Tierra Rural que Decide el Futuro del Campo en Colombia

La reciente decisión de la Corte Constitucional de admitir la revisión de la demanda presentada por Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pone en el centro del debate un tema crucial para el campo colombiano: cómo resolver de manera justa y eficiente los conflictos relacionados con el acceso a tierras rurales. Este proceso enfrenta la independencia judicial establecida por el Decreto Ley 902 de 2017 y la necesidad apremiante de cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz firmado en 2016, que contempla la entrega de tres millones de hectáreas a quienes no tienen tierra, tal como lo señala El Espectador.

La demanda de la ANT solicita eliminar la fase de revisión judicial ordinaria en los casos de acceso a tierras, argumentando que la lentitud de estos procesos ha dificultado el avance de la reforma rural y restringe la capacidad del organismo para tomar decisiones técnicas especializadas. De acuerdo con el comunicado y los argumentos oficiales de la entidad, el objetivo es que la ANT se convierta, de manera transitoria, en la única instancia responsable de tomar decisiones, al menos mientras entra en operación la Jurisdicción Agraria—un sistema judicial especializado que aún está en construcción. Así, se busca acelerar la entrega de tierras mientras se resuelven las limitaciones actuales de la justicia ordinaria.

No obstante, esta iniciativa revive preocupaciones políticas y sociales sobre una eventual “expropiación exprés” o la posibilidad de arbitrariedad en la adjudicación de tierras, tema especialmente delicado en Colombia, donde el reparto de la propiedad rural ha estado históricamente vinculado a desplazamientos, violencia y desconfianza institucional. Para muchas voces, la intervención judicial en estos procesos significa una garantía democrática y una protección contra el abuso de poder; para otras, representa un obstáculo burocrático que ha frenado el acceso efectivo a la tierra, según lo reporta El Espectador.

El contexto normativo es complejo: el Decreto Ley 902 de 2017 nació con la intención de superar el rezago jurídico y económico de la reforma rural, incorporando la figura de la Jurisdicción Agraria. Sin embargo, como esta instancia aún no está en funcionamiento, la ANT sostiene que los jueces ordinarios carecen de la preparación adecuada para abordar temas tan especializados, lo que ralentiza el proceso y termina por afectar los derechos sociales y económicos de los campesinos. Actualmente, la Corte Constitucional revisará la validez de doce artículos del decreto, y la Procuraduría General de la Nación debe presentar concepto en los próximos treinta días, según fuentes oficiales.

Organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) advierten que la verdadera reforma agraria enfrenta retos de fondo: articular la normativa con la realidad rural y garantizar que las decisiones sobre tierras cuenten con legitimidad social, especialmente para campesinos e indígenas. Así mismo, la Comisión de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz subraya el riesgo que implica concentrar las decisiones de adjudicación en un órgano administrativo sin control judicial—lo que podría abrir la puerta a disputas legales y vulnerar garantías esenciales para todas las partes involucradas.

Comparando con los sistemas de otros países que han afrontado conflictos agrarios, como Sudáfrica y Guatemala, el consenso internacional es que la presencia de tribunales especializados aporta tanto celeridad como protección de derechos, pero siempre bajo supervisión independiente. En este sentido, Colombia enfrenta el reto de instaurar plenamente su Jurisdicción Agraria para hallar ese punto de equilibrio. En tanto esto no ocurra, eliminar los controles judiciales podría acrecentar la incertidumbre y perder confianza en el proceso de reforma rural.

En definitiva, el caso pone en cuestión la autonomía institucional, la protección de derechos y la eficacia de los procedimientos ligados a la distribución de tierras. Lo que decida la Corte Constitucional será clave para el futuro de la ANT, la legitimidad de la reforma agraria y la capacidad de Colombia para avanzar en su agenda de paz y desarrollo rural con garantías para quienes han sufrido históricamente la exclusión en el campo.

¿Qué implica la Jurisdicción Agraria y por qué se considera fundamental en el contexto colombiano? Su creación constituye uno de los pilares del Decreto Ley 902 de 2017. La Jurisdicción Agraria está pensada como un sistema judicial especializado en temas rurales y propiedad de la tierra, cuyo objetivo es entregar respuestas más rápidas y con conocimiento experto. Su ausencia en funcionamiento ha significado que los jueces ordinarios, poco especializados en estos retos, deban asumir decisiones complejas, lo cual ha sido identificado como un problema por los actores institucionales y organizaciones sociales. El avance en la creación de esta jurisdicción se considera clave para garantizar procesos ágiles y proteger los derechos de los campesinos.

¿Cuáles son los riesgos de limitar la intervención judicial en la adjudicación de tierras rurales? Esta pregunta cobra importancia porque, según la Comisión de Paz y reportes de El Espectador, el control judicial actúa como salvaguarda frente a posibles abusos y decisiones arbitrarias en un país con un pasado marcado por violencia y disputa por la tierra. Si se eliminan por completo los filtros judiciales en la adjudicación de tierras, podrían aparecer nuevas controversias legales, inseguridad jurídica y desconfianza en la legitimidad del proceso. La experiencia muestra que la ausencia de revisión imparcial puede minar la protección de los derechos y poner en riesgo la estabilidad rural. (Palabras: 497)