“Es un mal ejemplo para el país”: entes de control critican condena de Alejandro Lyons

El Contralor Edgardo Maya y el Procurador Fernando Carrillo se preguntaron si “¿significa que aquí se puede delinquir, cometer los actos de corrupción más atroces y luego pagar penas irrisorias y devolver sumas insignificantes de lo que desfalcaron?”.

Los jefes de las entidades se refieren al acuerdo aprobado por la Corte Suprema de Justicia que obliga al ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a pagar cinco años de cárcel y a devolver solo 4 mil millones de pesos definido en el principio de oportunidad, pese a que los hechos por los que se le investiga se refieren a un descalco de 115 mil millones de pesos.

Maya y Carrillo anunciaron en un comunicado conjunto que acudirán a “todos los recursos que ofrece la Constitución y la ley para defender el patrimonio de los colombianos” porque consideran “que este acuerdo no le hace justicia a las víctimas de estos escandalosos actos de corrupción, que han indignado a todo el país”.

Maya recordó que la Contraloría General ha actuado como víctima dentro del proceso y que se había opuesto desde el inicio del trámite al principio de oportunidad acordado entre la Fiscalía y Lyons.

El exgobernador de Córdoba enfrenta 6 procesos de responsabilidad fiscal por más de 66 mil millones de pesos en la Contraloría. “El proceso más relevante y por el cual se han decretado medidas cautelares es el del cartel de la hemofilia, por 54 mil millones de pesos”, informó el contralor.

“La Contraloría destapó este abominable caso en el que se detectó que se hicieron pagos por 117 falsos pacientes hemofílicos con exámenes de laboratorio también falsos, nosotros destapamos los casos de corrupción y la justicia premia a los delincuentes”, agregó Maya.

Lyons también es procesado en la Contraloría por el pago de supuestos servicios de salud en terapias de neurodesarrollo ($3.626 millones), terapias médicas no realizadas a supuestos pacientes con síndrome de Down (1.345 millones), pagos a IPS por supuestos servicios médicos (86 millones de pesos), obra Corredor Agroecológico con recursos de regalías ($ 4.050 millones) y otro por ampliación de ciencia y tecnología e innovación en carneros para supuestamente mitigar los efectos del TLC, ($ 3.055 millones), señaló la entidad.

Por su parte, la Procuraduría le formuló pliego de cargos al exfuncionario por pagar terapias de neurorehabilitación que nunca tuvieron contratos reales y también es investigado por el llamado cartel de la toga.

Finalmente, Carrillo y Maya consideraron que es necesario revisar este sistema en cuanto a las penas a imponer y los mecanismos que se utilizan.