Amagá, condenado por alianzas de sus gobernantes con paramilitares

El Consejo de Estado indicó que el municipio deberá reparar a un grupo de extrabajadores a los que obligaron a unirse con las Autodefensas Unidas de Colombia.

Estas personas formaban parte de un sindicato y las quisieron forzar a renunciar a su fuero sindical para así poder desvincularlos de la entidad. El caso se produjo en diciembre del 2001, relató el alto tribunal.

Los demandantes narraron que el 6 de diciembre de 2001 el jefe de Obras Públicas del municipio de Amagá ordenó reunir a los miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios y Entes Descentralizados de Colombia (Sintrasema) y les exigió subir a unos vehículos de la Alcaldía y los condujo hasta una finca en el pueblo de Mina.

Una vez llegaron a ese lugar, “les lanzó improperios a los sindicalistas” y les presentó al jefe de las Auc de la región, quien se identificó como ‘Efraín Mendoza’, según el fallo del alto tribunal en el que recogen los testimonios.

Ese mismo día, el presidente del Sindicato, Orlando Chica, fue secuestrado por el jefe de las Auc, lo trasladaron con rumbo desconocido y luego de 12 horas fue liberado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Ante esa situación, todos presentaron sus respectivas renuncias al sindicato, se las comunicaron al alcalde del municipio de Amagá y entre el 14 de diciembre de 2001 y el 17 de enero de 2002, el regidor expidió los decretos mediante los cuales dio por terminados sus contratos laborales.

El Consejo de Estado considera probado que hubo una falla en el servicio al comprobarse que la administración municipal se asoció con los paramilitares para obligar a estos operarios a renunciar al fuero sindical y lograr así cancelar sus contratos.

Esa situación muestra que “una falla sistemática y estructural relacionada con la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario por parte del Estado colombiano”, considera el Consejo de Estado en su fallo.

Asimismo, concluye que esas “fallas debilitan la institución estatal y dificultan su adecuado accionar y, de paso, comprometen la estabilidad misma del Estado y de la sociedad”.