¿Apagones en Bogotá y Cundinamarca en 2025? La polémica que pone en jaque la transparencia ambiental

La controversia alrededor del proyecto UPME 003, en particular sobre el proceso de licenciamiento ambiental de la Subestación Chivor II y Norte 230 kV, ha puesto a prueba la confianza de la ciudadanía en la gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Las preocupaciones de las veedurías ciudadanas apuntan a un posible conflicto de interés que involucra tanto a la actual directora de la ANLA como a la ministra encargada de Ambiente, quienes han intervenido previamente en decisiones críticas de prórrogas para estos proyectos, según recoge El Espectador. Este señalamiento cobra especial relevancia en un contexto en el que Bogotá y Cundinamarca enfrentan riesgos concretos de apagones en 2025, atribuibles a la lentitud en la expedición de licencias ambientales, de acuerdo con reportes tanto del sector eléctrico como de autoridades regionales.

Más allá de las sospechas políticas, el fondo del debate es técnico y social. Voceros del gremio energético han advertido sobre la amenaza que representa para la seguridad energética de la región central la demora en la autorización de iniciativas como Chivor y Sogamoso. La demanda eléctrica crece sostenidamente, mientras que las licencias necesarias para reforzar la red permanecen suspendidas o paralizadas. El pronóstico es claro: retrasos adicionales podrían traducirse en cortes calculados de energía o, en el peor escenario, en la incapacidad del sistema para suministrar electricidad de manera eficiente a hogares, industrias y servicios esenciales. El problema compromete tanto la robustez institucional, por dudas sobre la transparencia de las decisiones, como el acceso ciudadano a un servicio vital.

Para dar mayor solidez a esta preocupación, se acudió a diversas fuentes verificadas. De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el crecimiento acelerado de la demanda, sin una ampliación paralela de la infraestructura de transmisión, puede generar un déficit estructural con efectos directos sobre la economía y la vida cotidiana. Complementando este análisis, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) resalta que Bogotá y Cundinamarca ya se ubican al límite de su capacidad y que cualquier atraso en nuevos proyectos agudizaría la vulnerabilidad ante apagones.

A pesar de lo anterior, ni la ANLA ni la ministra encargada Vélez han respondido públicamente a las inquietudes planteadas. Esta omisión de respuesta es significativa y, según criterios periodísticos, puede interpretarse como un indicio de falta de transparencia o de problemas en la rendición de cuentas, un elemento especialmente delicado tratándose de sectores estratégicos donde están en juego derechos y bienestar colectivo.

El caso colombiano, aunque no aislado en América Latina, resalta por el componente de urgencia: el posible colapso energético regional exige decisiones ágiles y transparentes. Las veedurías, alineadas con estándares internacionales, piden que el conflicto de interés sea revisado por instancias independientes y que se garantice tanto la agilidad de los trámites como el cumplimiento irrestricto de requisitos ambientales. La solución, tal como recomiendan organismos y expertos citados, pasa por documentar y discutir abiertamente los factores técnicos, sociales, legales y éticos que confluyen en la crisis actual, evitando así que la desconfianza y la incertidumbre se profundicen en la opinión pública.

¿Quién se encarga de supervisar posibles conflictos de interés en los procesos de licenciamiento ambiental en Colombia?
La preocupación por los conflictos de interés en proyectos como Chivor II y Norte 230 kV surge precisamente porque la credibilidad de las entidades encargadas depende en gran medida de la existencia de organismos externos o instancias supervisoras independientes. Según lo documentado por El Espectador y fuentes especializadas consultadas, el control de eventuales conflictos de interés recae en veedurías ciudadanas, la propia ANLA y, en última instancia, órganos de control como la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, la exigencia de transparencia y la vigilancia permanente de la sociedad civil siguen siendo factores cruciales para asegurar la legitimidad del proceso.

¿Por qué es tan relevante la transparencia en la aprobación de proyectos energéticos?
La importancia de la transparencia está directamente vinculada a la magnitud social y económica de los proyectos energéticos. En contextos donde la infraestructura eléctrica impacta la vida cotidiana de millones, y donde los retrasos pueden derivar en apagones y afectaciones sustantivas a la economía y la salud pública, la claridad en la información y la integridad de los procesos de licenciamiento se vuelven indispensables. La transparencia, como señalan las fuentes analizadas, permite no solo controlar posibles irregularidades, sino también construir confianza entre la ciudadanía y las entidades responsables, elemento fundamental para la gobernabilidad sectorial y la paz social.