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Se emitió un fallo condenatorio contra Amanda Azucena Castillo Cortés; sin embargo, la familia reclama que todavía no hay justicia porque puede apelarse.
El juez 43 penal de Bogotá halló responsable a al rectora de los delitos de delitos de falsa denuncia contra persona determinada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
El primer cargo se confirmó gracias a testimonios como el de Danilo Pinzón, expareja de la víctima, que detalló cómo la entonces directora obligó a sus padres a acusar a Urrego de acoso sexual pese a que su relación era consentida.
(Lea también: Amenazas y presiones de rectora por las que Sergio Urrego se quitó la vida, reveló exnovio)
Luego del fallo condenatorio, el monto de la pena y la multa se conocerá en una audiencia que se adelantará el próximo lunes a las 3:30 de la tarde.
Para ese diligencia, la Fiscalía pidió la máxima pena contra la exrectora: 11 años de prisión y 502 salarios mínimos de multa por sus conductas, que llevaron a Urrego a quitarse la vida el 4 de agosto de 2014, detalló El Espectador.
En la diligencia judicial, añadió el diario, el abogado de la familia pidió una disculpa pública de Castillo Cortés hacia las víctimas por los actos de los que fue hallada responsable, y la discriminación a la que sometió a Urrego, pese a desempeñarse como educadora.
Sin embargo, ese otro delito, por discriminación agravada, prescribió en 2018 y la exrectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre se salvó de ser procesada por este.
En el mismo sentido, el fiscal del caso argumentó ante el juez que por la gravedad de las conductas, se debía ordenar la captura inmediata y sentenciarla a cumplir su condena en una cárcel pues representa un “peligro latente para toda la comunidad”, añadió Blu Radio.
Sin embargo, para la familia, la posibilidad de que este fallo en primera instancia se pueda apelas, aun no representa justicia.
La mamá de Sergio Urrego, Alba Reyes, recordó a través de la fundación que creó en memoria del joven que esta es la tercera condena en el caso, pues ya se había dado la imputación de cargos en el 2016 a Rosalía Ramírez, exveedora de la institución y, en el 2017, a Ivonne Cheque expsicóloga.
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