Se le armó la grande a Katherine Miranda por campaña política sobre no 'abudinear' el país

Nación
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Por:  Redacción Nación
Actualizado: 2022-02-17 20:47:06

Esta semana la congresista del Partido Verde decidió no asistir ante la Corte Suprema de Justicia para la audiencia de conciliación con Karen Abudinen.

Desde que los aspirantes al Congreso lanzaron sus campañas políticas, Katherine Miranda fue una de las que más sorprendió con la frase bandera con la que buscará repetir curul en la Cámara de Representantes: “Que no nos ‘abudineen’ el país”.

La representante a la Cámara decidió seguir utilizando el apellido de Karen Abudinen para relacionarlo con delitos en Colombia, pese a que en varias oportunidades le han llamado la atención.

Ahora, un nuevo problema surgió para la aspirante del Partido Verde, pues según informó el periodista Ricardo Ospina, de Blu Radio, el Consejo Nacional Electoral abrirá un proceso administrativo a su campaña por una posible vulneración de las normas de propaganda electoral.

Así lo confirmó en su cuenta de Twitter:

Y es que en días anteriores Karen Abudinen decidió denunciar a la congresista ante la Corte Suprema de Justicia al considerar que está afectando su buen nombre y presuntamente está cometiendo los delitos de injuria, calumnia y fraude procesal al vincular su apellido a actos ilegales.

Aunque varios políticos han hecho uso del término, Miranda ha sido una de las que más lo ha puesto en práctica durante su campaña. Así se evidencia en uno de sus videos:

Pero allí no ha quedado todo, ya que a principios de esta semana se conoció que la congresista del Partido Verde decidió no asistir ante la Corte Suprema de Justicia para la audiencia de conciliación por el uso del término, citada para este martes 15 de febrero.

Miranda envió una comunicación al magistrado Héctor Alarcón para explicar que no existe ánimo de conciliar de su parte. Según dijo en su cuenta de Twitter, no quiere llegar a un acuerdo con la exfuncionaria “por dignidad, por respeto a los ciudadanos y sus impuestos”. Además, no desaprovechó la oportunidad para referirse a los 70.000 millones de pesos que, a día de hoy, siguen embolatados en el marco del caso de Centros Poblados.

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