Exempleados de la ANI irán a juicio por huecos contractuales en la Ruta del Sol II

Nación
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Se estima que las modificaciones irregulares al contrato aumentaron significativamente el valor total del corredor vial, además de demoras en su ejecución.

El próximo 30 de julio, la Fiscalía General de la Nación acusará formalmente a 16 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de la Ruta del Sol II, específicamente en el tramo Ocaña-Gamarra.

Estas acusaciones se enmarcan dentro del escándalo de corrupción de Odebrecht, donde los exfuncionarios son señalados de facilitar modificaciones al contrato original sin el cumplimiento de los requisitos legales necesarios.

(Vea también: Empresario imputado por caso Odebrecht fue denunciado por presuntas amenazas)

Según la investigación dirigida por el fiscal Gabriel Jaimes, los exfuncionarios habrían permitido a la concesionaria Ruta del Sol, controlada por Odebrecht, ejecutar diseños y obras adicionales a través de varios otrosíes al contrato, los cuales supuestamente carecían de los estudios previos requeridos y no contaban con la autorización correspondiente del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).

Estas acciones constituyen una grave violación de los procedimientos legales establecidos para la ejecución de contratos de infraestructura pública.

Entre los exfuncionarios involucrados se encuentran personas que ocupaban roles clave en la ANI, como vicepresidentes de gestión contractual, planeación de riesgos, estructuración, y áreas administrativas y financieras, así como ingenieros y gerentes de proyectos carreteros.

(Lea también: Más exfuncionarios de la ANI fueron imputados por la Fiscalía en el caso de Odebrecht)

Se estima que las modificaciones irregulares al contrato aumentaron significativamente el valor total de la Ruta del Sol II y prolongaron su plazo de ejecución, afectando negativamente los recursos públicos destinados a este proyecto de infraestructura crucial para el país.

Estas acusaciones forman parte de los esfuerzos continuos de las autoridades colombianas por combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la ejecución de proyectos de infraestructura pública, particularmente en casos emblemáticos como el de Odebrecht, que ha generado amplias repercusiones y críticas en el ámbito político y social del país.

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