Fiscalía se metió en escándalo de Juliana Guerrero y su hermana por presunta corrupción

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Los hechos habrían iniciado en el segundo semestre de 2024 con empresarios de Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Santander.

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez y su hermana Verónica Guerrero Jiménez para verificar posibles irregularidades en contratación pública, según confirmó la entidad tras informaciones divulgadas el pasado fin de semana.

La Dirección Especializada contra la Corrupción asumió el caso luego de que se ordenaran las primeras labores de policía judicial para recolectar el material probatorio.

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Las indagaciones surgen a partir de una publicación de la revista Semana, que recopiló testimonios de empresarios, chats de WhatsApp, audios y comprobantes de consignación bancaria. Los hechos habrían iniciado en el segundo semestre de 2024 con empresarios de Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Santander, quienes confiaron en las hermanas Guerrero bajo la promesa de acceder a contratos estatales.

Según los denunciantes, debían pagar un millón de pesos por una cita inicial. A cambio de gestiones ante el Gobierno, se habrían exigido 200 millones de pesos y el 10 % del valor de cada proyecto adjudicado. Parte del dinero se habría entregado a través de David Trespalacios, un allegado, aunque desacuerdos posteriores llevaron a las hermanas a recibir fondos directamente en sus cuentas bancarias.

Tres empresarios afirman haber entregado más de 600 millones de pesos sin que los contratos prometidos se concretaran ni se devolviera el dinero reclamado.

Los documentos periodísticos señalan conversaciones sobre proyectos de acueducto en el Cesar, mejoramiento de vivienda y contratación en ministerios como Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad, además de la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En dichos diálogos, las hermanas afirmaban tener capacidad de interlocución con altos funcionarios.

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Los denunciantes indicaron que en los chats figuraban referencias al “jefe de jefes”, expresión usada presuntamente para referirse al presidente Gustavo Petro con el fin de dar tranquilidad sobre el avance de los trámites. El caso incluye también declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, quien reiteró sus denuncias sobre la supuesta influencia de Juliana Guerrero en diversas dependencias del Ejecutivo.