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La ministra de Salud indicó que esas entidades no estarían cumpliendo con las obligaciones que les corresponden por la asignación presupuestal para 2023.
Desde que se radicó la reforma a la salud, las EPS están en el ojo del huracán del Gobierno Nacional por una posible eliminación que contempla el proyecto, una medida que ha sido muy cuestionada por los sectores de oposición. Aunque todavía falta el debate en el Congreso y los cambios que se le harían a la iniciativa, la ministra Carolina Corcho sigue alimentando la hoguera con esas entidades y les lanzó una dura advertencia.
(Vea también: “Locuras y exabruptos”: Alejandro Gaviria arremetió contra Corcho, ministra de Salud)
Durante una visita que hizo en Palmira, Valle del Cauca, la jefe de esa cartera anunció una medida que busca que las EPS cumplan con sus obligaciones. Según Corcho, el año pasado se les hizo una asignación presupuestal robusta por cuenta de la unidad de pago por capitación (UPC), que es el dinero que les gira el Estado anualmente a esas entidades por cada uno de los pacientes que tienen afiliados.
La ministra informó que no han hecho un manejo adecuado en la gestión que les corresponde dentro del sistema de salud con el presupuesto asignado: “Frente al tema de los recursos se ha solicitado un aumento de la UPC, como pedían las EPS, pero hasta la fecha las EPS no han aumentado esa transferencia a las clínicas y hospitales”.
Por esa razón, Carolina Corcho indicó que estudian una medida que las ponga en aprietos y las toque cumplir con sus responsabilidades: “La Superintendencia (de Salud) emitirá una circular que obligue a que ese aumento que hizo el gobierno se traduzca en el pago a laboratorios, clínicas y hospitales para que puedan atender a los pacientes”.
Sin embargo, según Revista Semana, el gremio de las EPS había manifestó una fuerte preocupación debido a que en un borrador de decreto, el Ministerio de Salud mostraba que su intención era que el incremento de la UPC fuera del 16,23 % para las EPS del régimen contributivo y del 12,22 % del subsidiado. Pero las entidades consideran que el aumento debía fijarse en el 18 %, teniendo en cuenta factores como la devaluación del peso colombiano, la inflación y el incremento en el salario mínimo.
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