Operativos en Risaralda: Así combaten la minería ilegal para salvar ríos y preservar los ecosistemas

Durante 2025, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) encabezó una serie de operativos coordinados junto con la Fiscalía y la Policía Ambiental que permitieron intervenir diversas áreas afectadas por la minería ilegal, controlar vertimientos y avanzar en la recuperación de zonas protegidas. Según explicó Julio César Gómez, director de la CARDER, estas acciones forman parte de una estrategia que abarca tanto la protección de los ríos como la preservación de los suelos y ecosistemas esenciales en el departamento. La importancia de los vigías ambientalistas y de la colaboración ciudadana fue destacada por el directivo, quien subrayó que los resultados obtenidos transmiten mayor tranquilidad a la comunidad frente a la presencia y eficacia de la autoridad en el territorio. Estas iniciativas buscan frenar el avance de la minería ilegal que amenaza los recursos naturales y compromete la integridad de los ecosistemas risaraldenses, de acuerdo con las declaraciones recogidas en LA PATRIA y Canal Regional Telecafé.

Los impactos negativos de la minería ilegal en Risaralda se presentan de múltiples formas: desde la destrucción de bosques y la contaminación de fuentes hídricas mediante el uso de mercurio, hasta el desvío de cauces, la explotación en áreas de difícil acceso y la proliferación de redes criminales que operan al margen de la ley. Un ejemplo fue documentado en la vereda Juan Tapado, municipio de Quinchía, donde los operativos permitieron intervenir tres unidades mineras ilícitas, hallar maquinaria, mercurio y evidencias del deterioro ambiental.

Las intervenciones se extendieron a la vereda Bajo Español, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, donde se realizó la captura en flagrancia de una persona y se decomisaron equipos como moto-bombas, plantas generadoras y martillos hidráulicos, todos empleados para minería ilegal. Además, durante la segunda fase de la denominada "Operación Poseidón", sobre la ladera del río Opiramá en Quinchía, la CARDER detectó campamentos establecidos para albergar a más de 100 personas, sitios con desviación de cauces, socavones usados para extracción ilegal de oro y evidencia de hurto de energía; como parte de las medidas, la maquinaria involucrada fue incautada y destruida.

Complementando estos operativos, la CARDER implementó mecanismos de monitoreo para el agua y la vegetación en zonas intervenidas, recolectando muestras y verificando el estado de las franjas forestales tras las actividades mineras ilícitas. Para fortalecer el impacto de sus acciones, la institución firmó acuerdos interinstitucionales con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, Carabineros de Protección Ambiental y el Ejército, con el fin de optimizar los operativos y articular la respuesta ante delitos ambientales.

El plan de la CARDER aspira a recobrar el control de territorios vulnerables, incrementar la disuasión frente a la explotación ilegal y restaurar ecosistemas estratégicos para Risaralda. Entre las nuevas estrategias destacan la vigilancia en zonas remotas, la participación de “vigías ambientalistas” de la comunidad, la transparencia en el manejo de la maquinaria decomisada y la promoción de campañas de educación ambiental que alerten sobre los perjuicios del mercurio y el daño ecológico asociado. La eficacia en el largo plazo de estas intervenciones dependerá en gran medida de la capacidad de respuesta institucional y del acompañamiento activo por parte de la comunidad.

¿Por qué el mercurio representa un riesgo para los ecosistemas y las comunidades?
El mercurio es un elemento altamente tóxico utilizado en actividades de minería ilegal, especialmente en la extracción de oro. Según lo documentado por la CARDER, su empleo contamina fuentes hídricas, afecta la calidad del agua e impacta negativamente la salud de los ecosistemas, así como la seguridad de las comunidades cercanas a los focos de extracción. La exposición prolongada a este metal puede acarrear serias consecuencias para la flora, la fauna y los habitantes de la región, convirtiendo su control en un factor crucial para la gestión ambiental en Risaralda.