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El nombre de la capturada es Olga Lucía Díaz Guzmán, que, según el presidente Iván Duque, lideraba una banda que desangró al país en los últimos 12 años.
Lo hizo, de acuerdo con declaraciones de Duque este jueves, a través de 9 empresas ficticias, puntualmente con operaciones relativas al IVA.
“En ese tiempo, pudo adelantar operaciones fraudulentas en materia de impuestos, reclamaciones y devoluciones, cercana a los 2,3 billones de pesos. Una cifra escándalos”, dijo Duque.
Pero, además, la operación de las autoridades encontró que la red de delincuentes también le prestaba servicios a cientos de empresas.
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“A través de esas operaciones le estaba haciendo un grave daño a las finanzas del país”, subrayó el mandatario.
De acuerdo con el Gobierno, la investigación comenzó por una denuncia que se conoció a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.
El operativo lo adelantaron la Dian y Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
Al respecto, el director de la Polfa, el general Juan Carlos Buitrago, manifestó en Caracol Radio que fue una denuncia, interpuesta en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la que permitió dar seguimiento a esta organización que “por más de 12 años realizó operaciones ilícitas comerciales, por un valor superior a los 2,3 billones de pesos y con esto lograron defraudar al Estado evitando el pago del IVA, la renta e impuestos complementarios”.
De acuerdo con el general Buitrago, la banda montó una ferretería como fachada, en el sur de Bogotá, donde siempre estaban listos para las visitas fiscales, tributarias y aduaneras de la Dian, pero en realidad, allí funcionaban 15 empresas ficticias y una fábrica de facturas falsas.
“Son millones de facturas las que hemos encontrado, a través de las cuales ofrecía bienes y servicios falsos a cientos de empresas nacionales y multinacionales”, sentenció.
Por ahora, se espera las audiencias para los capturados en las que, según El País, podrían imputarles cargos por enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, delitos que conllevan a penas entre 8 y 18 años de prisión.
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