Caen 24 miembros de las ACSN en megaoperativo en el Caribe: golpe a una red criminal y su finanzas

En una acción simultánea, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación de Colombia llevaron a cabo un operativo de gran alcance en el Caribe colombiano, que incluyó 32 allanamientos en municipios identificados como críticos. El resultado de esta operación fue la captura de 24 personas presuntamente vinculadas al grupo armado ilegal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), entre ellas alias “Bebecita”, quien, según las autoridades, es pareja del líder de la organización, alias “Nain”, y figura clave en el manejo financiero y la logística del grupo criminal. Datos provistos por El Espectador evidencian que estas personas se dedicaban principalmente a actividades de extorsión y tráfico ilícito de armamento, prácticas que han sostenido durante años la presencia de estructuras criminales en la región.

El operativo no es un hecho aislado, sino el reflejo de una extensa lucha contra redes criminales complejas y profundamente arraigadas en el Caribe. Según la Fundación Ideas para la Paz, las ACSN surgieron de los procesos de posdesmovilización de grupos paramilitares y han sabido capitalizar tanto las disputas étnico-territoriales como la limitada presencia estatal en departamentos como La Guajira y el Cesar. Esta organización mantiene actividades como el control del narcotráfico y la facilitación de armas, lo cual le permite consolidar su dominio territorial y perpetuar la violencia regional.

La captura de alias “Bebecita” representa, en palabras de las autoridades, un importante golpe a la estructura financiera de las ACSN. Contra ella pesaban órdenes por concierto para delinquir y extorsión; delitos cuya prevalencia afecta de manera directa a comunidades vulnerables que enfrentan constantes amenazas. La ubicación de estos delitos en el contexto local, además, subraya la relación entre la perpetuación de la violencia y la persistencia de debilidades institucionales en la gestión de la justicia.

El hallazgo de un soldado profesional activo implicado en facilitar el tráfico de armas hacia la organización detalla una problemática más sólida: la infiltración de estructuras criminales dentro de las instituciones encargadas de la seguridad. Transparencia por Colombia ha documentado cómo la corrupción y la cooptación de agentes estatales por parte de redes criminales minan la credibilidad institucional e impiden el avance en la lucha contra el crimen organizado.

Adicionalmente, durante las diligencias se decomisaron armas, municiones, granadas y material oficial adulterado, ratificando la tesis del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) acerca de la creciente capacidad armada de grupos posdesmovilización. El incremento en el arsenal y la organización logística de las ACSN evidencian la necesidad de respuestas integrales y sostenidas que combinen operativos represivos con estrategias de prevención y desarrollo social.

En este contexto, la acción interinstitucional constituye un avance, pero no puede considerarse suficiente para eliminar la amenaza que representan organizaciones como las ACSN. El Estado colombiano enfrenta el reto de diseñar políticas públicas que sugieran soluciones de largo plazo y fortalezcan la legitimidad en zonas tradicionalmente marginadas. Además, como lo recalca El Espectador, la articulación entre las diferentes ramas del Estado, incluyendo la Fiscalía y el sistema judicial, será crucial para que la persecución penal de los responsables no termine en impunidad y para evitar que se repita el ciclo de violencia y reincidencia criminal.

La operación reciente no solo reafirma el potencial operativo del Estado, sino que visibiliza la urgencia de mecanismos de control robustos, reformas al interior de las instituciones y estrategias que apunten a erradicar la corrupción sistémica. Solo a través de acciones estructurales, apoyadas en el trabajo conjunto de las autoridades y la sociedad civil, será posible reducir de manera sostenible la amenaza de los grupos armados ilegales que alimentan la inseguridad y el conflictivo panorama social del Caribe colombiano.

¿Qué medidas existen para evitar que miembros activos de las fuerzas de seguridad colaboren con organizaciones criminales? En medio de los operativos recientes, la captura de un soldado profesional activo pone en evidencia una grave vulnerabilidad dentro de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. La infiltración de agentes estatales en redes ilegales es motivo de alarma, y organismos como Transparencia por Colombia han señalado la importancia de fortalecer los controles internos, las auditorías y los mecanismos de denuncia para detectar y sancionar a quienes participen en actos de corrupción.
La experiencia reciente sugiere que se requieren procesos de selección y entrenamiento más rigurosos, así como un sistema de control disciplinario eficiente. Adicionalmente, el acompañamiento de órganos independientes y la colaboración con la Fiscalía General de la Nación pueden contribuir a prevenir la colusión entre funcionarios y organizaciones criminales, protegiendo la integridad institucional y la confianza ciudadana en el sector seguridad.

¿Qué significa “concierto para delinquir” y cómo afecta la judicialización de los capturados? El delito de concierto para delinquir se refiere, según la legislación colombiana, a la asociación de dos o más personas con el fin de cometer delitos, constituyéndose así como una conducta punible autónoma y agravada si se comete para ciertos fines, como el narcotráfico. Muchas de las capturas reportadas, incluida la de alias “Bebecita”, están relacionadas con esta figura jurídica, lo que permite judicializar a los miembros de una organización armada no solo por actos individuales, sino por su pertenencia y participación en el grupo.
Esta herramienta penal es especialmente relevante en contextos de crimen organizado, pues permite a la Fiscalía y a los jueces perseguir judicialmente la estructura criminal en su conjunto, abriendo la posibilidad para sancionar a líderes, financiadores y facilitadores, contribuyendo al desmantelamiento de cadenas delictivas en regiones afectadas por el conflicto armado.