"Desconoce tratado": Cancillería rechazó decisión de Nicaragua sobre Carlos Ramón González

El Gobierno colombiano, a través de la Cancillería, solicitó de forma oficial la revocatoria del asilo político otorgado a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

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González Merchán es investigado por cohecho, peculado y lavado de activos, todos relacionados con presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Cancillería de Colombia habla de decisión de Nicaragua sobre Carlos Ramón González

Colombia argumenta que González está vinculado a un proceso judicial activo y que el asilo político no aplica en casos que involucran delitos comunes. Esta posición se respalda en tratados bilaterales como el Tratado de Extradición de 1929, firmado entre ambos países, y en el marco del derecho internacional.

En respuesta, Nicaragua rechazó la solicitud de extradición, amparándose en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege el derecho a buscar asilo en casos de persecución política. Según su gobierno, la protección otorgada a González se justifica por la naturaleza política del conflicto judicial.

A lo anterior se suma un elemento que acentúa el componente político del caso: González habría gestionado su residencia en Nicaragua con el apoyo de la embajada colombiana en Managua, lo cual plantea interrogantes sobre la coherencia institucional.

Este escenario revela una disputa en la que ambos gobiernos interpretan de forma distinta los acuerdos internacionales. Mientras Colombia exige que se respete el principio de cooperación judicial, Nicaragua se aferra al derecho soberano de conceder asilo, dejando el caso envuelto en un clima de incertidumbre legal y tensión diplomática.

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Este conflicto no surge en el vacío: forma parte de una serie de fricciones históricas entre ambos países, que incluyen disputas por soberanía marítima y otras divergencias en política exterior. Con el caso aún sin resolución, el futuro de González Merchán permanece incierto y las relaciones bilaterales continúan deteriorándose.

Más allá del debate sobre el asilo, el caso pone en el centro temas clave como la corrupción de alto nivel y el uso del asilo político como refugio ante la justicia penal. En palabras de un vocero del gobierno colombiano, “el asilo no puede convertirse en un escudo para evadir procesos judiciales por delitos comunes”. Por ahora, la respuesta definitiva quedará en manos de la diplomacia internacional y de la presión política que logre ejercer Colombia.