Uber, DiDi y otras plataformas en Bogotá verían cambio que no gusta a la Supertransporte

La Superintendencia de Transporte ha instado a la Administración Distrital de Bogotá a revisar el Acuerdo 607 de 2024, aprobado en segundo debate por el Concejo de Bogotá, para garantizar su cumplimiento con las normativas vigentes en tránsito y transporte. Este acuerdo busca establecer disposiciones para promover buenas prácticas en la aplicación de comparendos por la infracción D12, relacionada con la prestación no autorizada de servicios de transporte.

Ayda Lucy Ospina Arias, Superintendente de Transporte, enfatizó que si bien la entidad respalda iniciativas que promuevan el respeto de los derechos de los actores viales, no es posible alterar las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, establecido por la Ley 769 de 2002. Según la funcionaria, el parágrafo 3 del artículo 6 prohíbe expresamente que gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales o concejos municipales dicten normas permanentes que modifiquen el código.

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“Debemos garantizar que cualquier norma local respete la ley y priorice la seguridad vial y la vida de las personas. Es fundamental que el texto del acuerdo sea revisado rigurosamente para asegurar su alineación con la legislación nacional”, afirmó Ospina.

Aunque el Concejo de Bogotá tiene la facultad de dictar normas de tránsito y transporte, estas no pueden contradecir o modificar las disposiciones legales establecidas por el legislador. La Superintendencia advirtió sobre los riesgos de condicionar la aplicación de regulaciones o restringir el ejercicio de las autoridades de control operativo, como imponer limitaciones para investigar infracciones simultáneas que configuren un concurso ideal de infracciones administrativas.

La Superintendencia de Transporte reiteró su llamado a las autoridades locales para mantener los esfuerzos de control en materia de tránsito y transporte, garantizando tanto los derechos de los infractores como los de los prestadores de servicios públicos debidamente autorizados. Este proceso debe respetar las competencias legislativas y ejecutivas, y observar las normativas aplicables al territorio.

Con esta advertencia, el ente de control busca preservar la integridad de la regulación nacional y asegurar que las acciones locales estén enmarcadas en un contexto de seguridad vial y legalidad.