Estallido social de 2021 no fue espontáneo, sino orquestado por peligrosos grupos armados

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Este hecho fue uno de los más contundentes que se han presentado en la capital en los últimos años y tuvo un fuerte impacto a nivel nacional.

Una decisión judicial que ha vuelto a circular con fuerza reabre la discusión sobre lo ocurrido durante las jornadas de disturbios en Bogotá, al plantear que detrás de los hechos violentos hubo una estructura organizada y no una reacción espontánea de inconformidad social.

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El pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá sostiene que los ataques registrados en la ciudad respondieron a una estrategia previamente diseñada, en la que participaron actores con vínculos directos con disidencias de las Farc. La conclusión se apoya en un conjunto de pruebas que evidencian coordinación, jerarquías y objetivos definidos.

De acuerdo con la sentencia, varios de los jóvenes procesados actuaron siguiendo lineamientos de integrantes del Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez. El documento señala que existía comunicación constante con estos grupos y que las acciones ejecutadas en la capital hacían parte de una planificación más amplia orientada a generar alteraciones de orden público.

La investigación, que en su momento fue revelada por Noticias Caracol, permitió reconstruir cómo se habría desarrollado esa operación. Entre los hallazgos se menciona la existencia de tareas específicas como el reclutamiento de nuevos participantes, la difusión de mensajes ideológicos y la presencia en entornos universitarios para ampliar la base de apoyo.

Uno de los puntos clave del fallo tiene que ver con el uso de plataformas digitales. Según el tribunal, la coordinación se realizaba mediante grupos de mensajería en los que se distribuían instrucciones según zonas estratégicas de la ciudad. Desde allí se orientaban acciones como bloqueos, ataques a buses del sistema TransMilenio y afectaciones a establecimientos comerciales.

El expediente también describe una estructura con niveles de mando definidos. Interceptaciones telefónicas incluidas en el proceso indicarían que las decisiones no eran aisladas, sino que contaban con aprobación de instancias superiores. En ese contexto, se mencionan nombres como alias ‘Mordisco’ y Gentil Duarte, señalados como referentes dentro de esas disidencias.

En materia de sanciones, el fallo impuso condenas que reflejan la gravedad de los hechos. Tres de los implicados recibieron penas cercanas a dos décadas de prisión por delitos como terrorismo y concierto para delinquir, mientras que otro fue sentenciado a 10 años. A esto se suman multas de alto valor económico, orientadas a responder por los daños causados a bienes públicos y privados.

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Más allá de las condenas, la decisión deja un mensaje claro: cuando las acciones violentas trascienden el marco de la protesta y se articulan bajo esquemas organizados, el sistema judicial las aborda como delitos de alto impacto. El caso, ahora nuevamente en discusión pública, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites entre manifestación social y criminalidad organizada.