Bogotá bajo el agua: ¿Por qué la ciudad sigue inundándose cada año pese a millones en obras?

Bogotá atraviesa cada año una segunda temporada de lluvias que, aunque predecible, expone profundos problemas estructurales en materia de planeación urbana y gestión del riesgo. Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), entre octubre y diciembre de 2025 se espera un intenso incremento en las precipitaciones, agudizado por el fenómeno de La Niña y reflejo de patrones cada vez más erráticos. Lejos de limitarse a un escenario meteorológico habitual, la ciudad enfrenta crecientes desafíos derivados tanto de la variabilidad climática como de una urbanización sin suficiente planeación, factores que aumentan la exposición y vulnerabilidad de sus habitantes.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha advertido sobre el aumento sostenido en la frecuencia e intensidad de eventos extremos que afectan a Bogotá. Un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) subraya que la capital debe incorporar la gestión del riesgo en la planeación urbana, evitando enfoques reactivos que resultan insuficientes ante la magnitud de los retos. Esta llamada de atención se sustenta en experiencias de otras ciudades latinoamericanas, donde la prevención se aborda como política estructural, no solo como respuesta ante emergencias.

La atención a las consecuencias más visibles —como encharcamientos y daños menores registrados el 13 de octubre de 2025 en varias localidades— suele recaer en una red de entidades distritales: IDIGER, Bomberos, Integración Social, Movilidad y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Tanto reportes oficiales como medios como El Espectador muestran que, si bien las respuestas han evitado víctimas, la mayoría de intervenciones no resuelven las causas profundas. La ocupación de rondas hídricas, el deficiente drenaje y la falta de infraestructura verde siguen sin abordarse de manera contundente.

De hecho, según la Contraloría de Bogotá, al menos 120 puntos críticos de inundación persisten a pesar de inversiones recientes, como la obra en El Codito, Usaquén, que benefició a más de 1.800 habitantes. Los avances puntuales contrastan con la magnitud de los problemas de fondo, alimentando una narrativa oficial enfocada en las soluciones inmediatas y no en la magnitud del rezago histórico en mantenimiento y prevención.

La desigualdad territorial amplifica los riesgos para los sectores más vulnerables. Datos de la Secretaría Distrital de Planeación muestran que casi el 40% de las familias afectadas por inundaciones se ubican en los estratos socioeconómicos más bajos, en barrios como El Carmen o Santa Cecilia Parte Alta, donde la ausencia de planeación formal y servicios adecuados es la norma. En comparación con urbes como Curitiba o Medellín, Bogotá ha avanzado en sistemas de alerta y respuesta, pero continúa rezagada en inversión estructural y soluciones basadas en la naturaleza, según el informe del BID.

Las recomendaciones oficiales —como revisar techos y evitar arrojar basura— siguen siendo necesarias. No obstante, diversos informes resaltan que solo una agenda pública enfocada en fortalecer la infraestructura resiliente, garantizar la transparencia y promover la participación comunitaria permitirá enfrentar los desafíos actuales y futuros que imponen tanto las lluvias como el cambio climático. La presión ciudadana y la coordinación interinstitucional resultan claves para transformar la gestión del riesgo en una verdadera política de desarrollo y equidad.

¿Qué papel juega la infraestructura verde en la reducción del riesgo por inundaciones en Bogotá? La infraestructura verde se refiere a sistemas naturales o diseñados —como parques, humedales o jardines de lluvia— que gestionan de forma sostenible el recurso hídrico y ayudan a drenar el exceso de agua. En el contexto bogotano, su importancia radica en que permite reducir la presión sobre los sistemas de alcantarillado convencionales, disminuyendo así la probabilidad de encharcamientos. Sin embargo, informes tanto de la Contraloría como del Banco Interamericano de Desarrollo destacan que la inversión y presencia de infraestructura verde en la capital sigue siendo limitada, lo que incrementa el riesgo en zonas urbanas densamente pobladas.

La integración de soluciones basadas en la naturaleza constituye una tarea pendiente tanto para las autoridades como para las comunidades de Bogotá. Más allá de los beneficios ambientales, estos sistemas mejoran la resiliencia urbana y fomentan la equidad social al proteger prioritariamente a los barrios vulnerables. Por ello, la discusión sobre infraestructura verde no solo es técnica, sino también política y social.

¿Qué significa la “ocupación de rondas hídricas” y por qué representa un riesgo? La ocupación de rondas hídricas hace referencia a la instalación de viviendas o infraestructuras en las franjas de protección a los lados de ríos, quebradas y humedales. Estas áreas, según explican los reportes de la Secretaría Distrital de Planeación, deberían permanecer libres de construcción para permitir el flujo natural de agua durante las lluvias intensas o crecidas.

Cuando estas zonas son ocupadas, la capacidad de los cuerpos de agua para absorber y conducir el caudal disminuye, aumentando el riesgo de inundaciones y daños materiales. Este fenómeno afecta principalmente a barrios de urbanización informal, donde la necesidad de vivienda se impone sobre la normativa ambiental, agravando la vulnerabilidad social y el desastre ante cada temporada de lluvias.