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Un juzgado de la capital emitió un fallo contra este joven de tan solo 21 años y las familias de las víctimas dicen que estos crímenes se pudieron evitar.
José Leonardo Quevedo Turizo, un joven de 21 años, ha sido centro de atención de la justicia colombiana tras ser condenado a 39 años de prisión por el asesinato del doctor panameño José Luis Santamaría. Además de esta condena, enfrenta otros cargos y una apelación pendiente que se resolverá próximamente. Las autoridades también lo investigan por presuntos delitos similares, lo que añade gravedad a su situación legal, según informó El Espectador.
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El caso de Quevedo Turizo se complica al analizar las circunstancias de los homicidios cometidos. Se ha mencionado que las víctimas, en su mayoría hombres pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, podrían haber sido atacadas por su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, la jueza del caso decidió no clasificar los asesinatos como crímenes de odio, lo que podría haber resultado en una pena más severa, de acuerdo con el rotativo.
Entre las víctimas de Quevedo Turizo se encuentran individuos como David Stiven Mosquera Cobo, estudiante de actuación, y José Ariel Jímenez Rodríguez, quien trabajaba como coordinador en Teleperformance. Las familias y amigos de las víctimas han expresado su dolor y frustración, especialmente porque creen que algunas de estas muertes pudieron evitarse si las autoridades hubieran actuado de manera más ágil y eficiente ante las primeras señales de peligro, según el impreso.
La hermana de José Ariel, Paola Jiménez Rodríguez, se ha mostrado particularmente afectada. Según ella, la muerte de su hermano pudo haber sido prevenida si la captura de Quevedo Turizo se hubiera ejecutado con anterioridad. Este sentimiento de dolor e impotencia resuena entre los seres queridos de las víctimas, quienes esperan que la justicia no solo se enfoque en el castigo, sino también en medidas preventivas más efectivas, de acuerdo con el citado diario.
Además de la atención legal, este caso ha destacado la necesidad de una respuesta institucional más fuerte y coordinada para proteger a las minorías y prevenir la violencia. Los activistas y organizaciones defensoras de los derechos LGBTIQ+ han sido vocales al pedir cambios en las políticas y en la educación para fomentar una sociedad más inclusiva y segura para todos, según el informe periodístico.
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Este suceso, trágico y con amplias ramificaciones, subraya la imperiosa necesidad de un sistema de justicia que no solo responda de manera efectiva y puntual a los crímenes, sino que además trabaje de la mano con otras instituciones para evitar que estos horrores se repitan. La comunidad espera que este caso sirva como un llamado a la acción para mejorar la protección y el respeto hacia las minorías en Colombia.
Este caso se suma al asesinato de Sara Millerey, la mujer trans de 32 años que fue víctima de un transfeminicidio en el municipio de Bello, Antioquia, luego de ser agredida por hombres que le partieron sus brazos, piernas y luego la arrojaron a la quebrada García.
En las mismas imágenes se ve a Sara intentando luchar contra las corrientes de las aguas contaminadas, con movimientos erráticos por el dolor de sus partes del cuerpo fracturadas y los brazos cruzados, como sosteniéndolos, para que no se le desgonzaran.
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