PAE en Colombia: más presupuesto, mismos retos—¿por qué la alimentación escolar aún no llega a todos?

Entre 2022 y 2025, el Gobierno colombiano ha realizado un incremento sostenido en la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), pasando de un presupuesto de 1,26 billones de pesos en 2022 a 2,13 billones en 2025, con una proyección de 2,9 billones para 2026. Estos recursos, canalizados a través de la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA) del Ministerio de Educación, buscan fortalecer un programa considerado esencial para asegurar la adecuada alimentación de niñas, niños y adolescentes en el sistema escolar, así como para incentivar la permanencia y mejorar el desempeño educativo de la población estudiantil. Según reportes oficiales del Ministerio de Educación, la importancia del PAE trasciende la dimensión nutricional, incidiendo directamente en los indicadores de desarrollo y bienestar social.

Pese a la evidente expansión presupuestal, la implementación del PAE enfrenta retos estructurales relacionados tanto con la ejecución de los recursos como con la cobertura efectiva en las regiones más vulnerables. Además de los recursos transferidos desde el nivel nacional, el programa depende de fondos adicionales provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), regalías mineras y petroleras, y recursos propios de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC). Estas entidades, responsables de la administración local del PAE, deben garantizar el servicio durante todo el calendario escolar. Sin embargo, según datos del Ministerio de Educación, diversas ETC han disminuido su aporte de cofinanciación desde 2021, incumpliendo la Ley 2167 de ese año, que exige un incremento anual real de estos recursos para asegurar la sostenibilidad del programa.

Las limitaciones en la gestión y planeación local han generado estancamientos e incluso retrocesos en la cobertura, situación que incrementa la inequidad en el acceso a la alimentación escolar. Además, se detectan problemas en la contratación y distribución de los complementos alimentarios: la persistencia de esquemas poco transparentes, donde frecuentemente los mismos operadores obtienen los contratos en algunas regiones, dificulta la apertura, la competencia y la innovación. De igual manera, la falta de articulación con los contextos territoriales específicos limita la adaptabilidad del PAE a las necesidades culturales y alimentarias locales, aumenta los costos logísticos y restringe la inclusión de productores regionales en la cadena de valor alimentaria.

Esta desconexión entre la política pública y la realidad territorial tiene consecuencias profundas. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las brechas de cobertura afectan principalmente a los territorios con mayores niveles de pobreza, donde el acceso a la alimentación escolar es un factor crucial para evitar la deserción escolar y promover mejores indicadores de salud y desarrollo infantil. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca en sus estudios recientes que los programas de alimentación escolar tienen un impacto sustancial en la reducción de la malnutrición crónica infantil y en la mejora del rendimiento cognitivo y educativo, factores determinantes para el progreso social.

No obstante, la expansión de la cobertura ha sido modesta en proporción al aumento de recursos: si bien en 2022 el PAE logró una cobertura del 72,6% con una inversión de 3,3 billones de pesos, para 2024, con más de 5,2 billones, la cobertura nacional alcanzó apenas el 76,14% a mediados de 2025. Esta disonancia pone de manifiesto un problema recurrente en la gestión pública: el aumento del gasto sin un fortalecimiento paralelo de las capacidades administrativas y mecanismos de transparencia, según advierte un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Experiencias internacionales, expuestas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), muestran que países como Brasil y Chile han logrado conjugar la inversión pública con estrategias de contratación a productores locales, permitiendo así una mayor pertinencia cultural, diversidad alimentaria y dinamismo económico en las regiones. Para la profesora Juliana Mejía, experta en políticas públicas educativas de la Universidad Nacional de Colombia, la clave radica en articular los esfuerzos financieros con políticas de fortalecimiento institucional, participación comunitaria y una gobernanza local transparente y robusta.

En síntesis, si bien el Gobierno colombiano ha incrementado de manera histórica el presupuesto del PAE, los desafíos para alcanzar una cobertura total y una alimentación escolar adecuada siguen presentes. Estos retos, apuntan los especialistas, sólo podrán superarse mediante una revisión integral del modelo de gestión y una articulación más cercana con las realidades locales, de modo que los recursos se traduzcan efectivamente en oportunidades para el desarrollo y la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué papel desempeñan las Entidades Territoriales Certificadas en la implementación del PAE?

Las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), según el Ministerio de Educación, son los entes responsables de planificar, contratar y ejecutar el Programa de Alimentación Escolar en sus respectivas jurisdicciones. Su rol es fundamental porque gestionan los recursos destinados al PAE a nivel local, garantizando que la operación sea constante durante todo el año escolar.

Sin embargo, la eficacia del PAE depende de la capacidad administrativa y financiera de cada ETC, así como de la transparencia y eficiencia en los procesos de contratación. Las limitaciones en estas áreas pueden afectar negativamente la cobertura y calidad del servicio, haciendo imprescindible fortalecer las capacidades institucionales y promover mecanismos de control y participación ciudadana.

¿Qué beneficios adicionales genera la articulación del PAE con productores locales?

La inclusión de productores locales en la cadena de suministros del PAE permite, según la FAO y experiencias internacionales mencionadas en el artículo, adaptarse mejor a los hábitos alimenticios de cada región y asegurar mayor frescura y pertinencia en las raciones. Esta articulación también contribuye a dinamizar las economías regionales, incentivando la producción agrícola y generando ingresos para las comunidades.

Además, la compra directa de alimentos en los territorios puede reducir costos logísticos y fortalecer las relaciones de confianza entre la comunidad y el programa, incrementando la aceptación y participación local. De esta manera, no solo se garantiza la alimentación escolar adecuada, sino que se promueve el desarrollo económico y social en los contextos donde opera el PAE.