Asesinaron a un adolescente en Soacha por cobrar dos vasos de mazamorra; le pusieron trampa

En Soacha, un trágico episodio expuso la vulnerabilidad que enfrentan muchos trabajadores informales. Juan José Correa, un joven de 17 años, fue asesinado luego de reclamar el pago de 6.000 pesos correspondientes a dos vasos de mazamorra. Lo que parecía una transacción cotidiana se convirtió en una tragedia.

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La madre de la víctima, Andrea Guerrero, relató que su hijo trabajaba en un puesto informal vendiendo mazamorra. Aunque los hechos se presentaron en abril, recientemente la mujer dio detalles de lo ocurrido.

Sus ingresos, de aproximadamente 40.000 pesos diarios, los destinaba tanto para sus gustos personales como para compartir momentos con su novia, con quien estaba muy enamorado.

La confusión comenzó cuando tres personas le mostraron un comprobante falso de pago por Nequi. Juan José, al percatarse del engaño, exigió con firmeza los 6.000 pesos que le correspondían.

Uno de los adultos reaccionó con violencia, y con la ayuda de un menor que le pasó un arma blanca, lo atacó con una puñalada mortal en el pecho. Luego fue trasladado a un centro asistencial.

¿Qué hizo el empleador de Juan José luego del crimen?

El empleador del joven hizo presencia una sola vez en la vivienda de la familia. Allí entregó los 200.000 pesos que correspondían al salario de la última semana trabajada. Desde ese día, no volvió a presentarse ni a ofrecer apoyo adicional.

La madre de Juan José continúa asistiendo a las audiencias judiciales, demandando mayor reconocimiento y respaldo para quienes trabajan en condiciones precarias. Según ella, su hijo carecía de protección laboral alguna, lo que constituye un problema estructural en la economía informal.

Este caso no es un incidente aislado, sino una señal de alerta sobre los riesgos que enfrentan los jóvenes en empleos informales, particularmente en el rubro de la venta ambulante. La historia de Juan José simboliza una estructura laboral sin garantías ni respaldo social.

Es urgente reforzar las políticas de protección laboral informal, crear canales seguros para el reclamo de trabajadores y asegurar una justicia efectiva en casos de violencia. Colombia no puede permitir que quienes trabajan por un ingreso digno sean blanco de abusos y agresiones.