A 24 años del asesinato de ‘La Cacica’: el legado de Consuelo Araújo y la deuda con el río Guatapurí

Este 29 de septiembre se cumplieron 24 años del trágico asesinato de Consuelo Araújo Noguera, conocida como ‘La Cacica’, reconocida por su incansable trabajo como promotora cultural, periodista, escritora y figura política del departamento del Cesar. Más allá de haber sido la principal impulsora del Festival de la Leyenda Vallenata, Araújo desempeñó funciones destacadas como cónsul de Colombia en España y ministra de Cultura, lo que amplificó tanto su legado cultural como su influencia política. En 1997, motivada por su visión humanista y desde su experiencia en medios, hizo una advertencia urgente respecto a la situación del río Guatapurí: insistió en la reubicación de comunidades establecidas en sus orillas, especialmente en la margen derecha, por la amenaza constante de desastres y la persistente desatención estatal.

Consuelo Araújo advirtió que la localización de estos asentamientos en áreas de alto riesgo geológico dejaba en evidencia tanto la exclusión histórica sufrida por vastos sectores de la población, como la ausencia estructural del Estado para garantizar derechos fundamentales. Sus palabras subrayaron la importancia de actuar con un enfoque preventivo y de derechos humanos, preservando la vida, el acceso digno a vivienda, salud, educación y oportunidades laborales. Su llamado, fundamentado en la urgencia de mitigar el abandono, exalta un discurso que, transcurridas más de dos décadas, mantiene vigencia por las condiciones no resueltas.

Según reseñas de EL PILÓN y diagnósticos recientes, la situación de la margen derecha del Guatapurí sigue siendo alarmante. Allí, la acumulación de desechos, vertimientos y condiciones de insalubridad configuran una grave crisis ambiental y social, derivada de la proliferación de asentamientos informales y la falta de planeación urbana y acción institucional. De acuerdo con el arquitecto José Neguit, entre 1995 y 2015 se emprendieron cuatro proyectos para intentar reubicar a estas comunidades —Mareigua, El Edén, Populandia y Lorenzo Morales—, que, sin embargo, no consiguieron alterar significativamente el panorama socioeconómico ni ambiental para quienes ahora se ven expuestos a nuevas formas de vulnerabilidad.

La Cámara de Comercio reportó hasta 2016 que cerca del 68% de los hogares en la margen derecha subsistían de actividades informales como la venta ambulante y el reciclaje, perpetuando la precariedad. La llegada de familias desplazadas internamente y migrantes venezolanos ha incrementado la presión sobre más de 2.100 viviendas preexistentes, una tendencia confirmada por fuentes comunitarias y organizaciones ambientales.

Ante este panorama, la respuesta ciudadana y jurídica ha cobrado una importancia creciente. En 2020 se instauró una acción popular para exigir la intervención del Estado frente a la contaminación reiterada del Guatapurí, respaldada por la necesidad de políticas de protección ambiental y reubicación digna. Como parte de la gestión de recursos naturales, el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA) establece pautas de conservación, aunque la ejecución plena de estos proyectos enfrenta retos institucionales y presupuestales, como lo evidencian las iniciativas recientes de Corpocesar y el destino de 38 mil millones de pesos para mitigación y recuperación.

El caso del Guatapurí ilustra las tensiones entre el crecimiento urbano informal y la fragilidad de los ecosistemas, un fenómeno recurrente en Latinoamérica según fuentes como The New York Times y la Organización de las Naciones Unidas Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente). Especialistas en gestión ambiental subrayan la necesidad de ir más allá de soluciones físicas: la verdadera transformación requiere empoderar a las comunidades, promover su participación y preservar el patrimonio social y cultural, como representa la memoria de Consuelo Araújo para Valledupar y la región.

Hoy, el testimonio de ‘La Cacica’ resuena como un recordatorio para autoridades y ciudadanía. Solo una respuesta integral —capaz de unir sostenibilidad ambiental, equidad social y respeto a la cultura— podrá honrar su visión y frenar el ciclo de abandono que afecta al río Guatapurí y a quienes lo habitan.

¿Cuál es el impacto de los asentamientos informales en la calidad del agua del río Guatapurí? Los asentamientos informales en la margen derecha del río Guatapurí han contribuido considerablemente al deterioro de la calidad del agua, debido al vertimiento directo de aguas residuales y el manejo inadecuado de desechos sólidos. Esta problemática ha sido documentada por medios como EL PILÓN y mencionada en las acciones judiciales instauradas por la comunidad, que ven en la contaminación un peligro para la salud pública y la biodiversidad local.

El impacto no solo implica riesgos sanitarios inmediatos, sino que perpetúa la exclusión social de quienes habitan la zona. Los habitantes, al carecer de acceso a servicios básicos, se ven obligados a convivir con un ambiente insalubre, lo que profundiza la vulnerabilidad de las familias y dificulta una salida sostenible a la crisis ambiental y humana que afecta a todo el corredor del Guatapurí.

¿Qué es el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA) y cómo interviene en el Guatapurí? El Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas, conocido por sus siglas como POMCA, es una herramienta de gestión ambiental establecida para regular el uso, aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos hídricos y territorios asociados a una cuenca fluvial. En el caso del río Guatapurí, dicho plan define protocolos y estrategias específicas que buscan restaurar y proteger los ecosistemas del área y promover un desarrollo ordenado que considere tanto las necesidades ambientales como sociales.

Pese a estos lineamientos, la concreción efectiva del POMCA ha presentado obstáculos, fundamentalmente relacionados con la coordinación institucional y la obtención de financiación suficiente. Proyectos enmarcados en el POMCA, impulsados por entidades como Corpocesar, son esenciales para la recuperación del Guatapurí, pero requieren mayor compromiso y articulación con las comunidades afectadas para lograr impactos reales y sostenibles.