Retiran una demanda contra aumento del salario mínimo y hay delicada razón detrás de decisión

Se trata de un recurso jurídico que había presentado el abogado Germán Castro Marín. Sin embargo, aún siguen en curso otras acciones en el Consejo de Estado.

Una de las demandas presentadas ante el Consejo de Estado contra el decreto que fijó el salario mínimo para 2026 fue retirada por el abogado Germán Eduardo Castro Marín, quien aseguró haber recibido amenazas y mensajes intimidantes que pusieron en riesgo su seguridad personal y la de su familia.

(Vea también: Sale a la luz posible razón por la que Petro pidió salida de Florián; le habría pasado factura)

De acuerdo con Castro Marín, la presión y los señalamientos recibidos, especialmente a través de redes sociales, crearon un ambiente hostil que le impidió continuar con el proceso judicial. Por esta razón, decidió retirar la demanda, aunque aclaró que su intención siempre fue promover un debate jurídico dentro de los canales institucionales.

“He recibido múltiples mensajes de odio y amenazas que desbordan el debate jurídico y ponen en riesgo mi tranquilidad y, lo más importante, la integridad física y emocional de mi familia”, aseguró el jurista, de acuerdo con Blu Radio.

El retiro de esta acción se produce en medio de otras demandas que siguen su curso contra el decreto expedido por el Gobierno nacional, con el cual se estableció un aumento cercano al23,7 % en el salario mínimo. Algunos sectores han cuestionado la legalidad del procedimiento y los criterios aplicados para definir el incremento.

Pese a esta decisión, el Consejo de Estado continúa con el análisis de las demás acciones judiciales vigentes. Desde distintos sectores se reiteró el llamado a respetar el debate democrático y jurídico, y a evitar cualquier forma de intimidación contra quienes acuden a la justicia.

Consejo de Estado había aceptado demanda de abogado Germán Castro

Antes de que el jurista confirmara su decisión, la alta corte ya la había admitido para su estudio. El radicado cuestionaba la legalidad del decreto con el que el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para 2026.

Castro sostenía que el Ejecutivo no habría aplicado de manera adecuada los criterios legales exigidos para definir el incremento del salario mínimo, entre ellos variables económicas como la inflación, la productividad y otros indicadores técnicos. Estos argumentos llevaron a que la demanda fuera admitida y se ordenara notificar a las entidades involucradas para que presentaran su defensa.